Los diputados sólo aprobaron las cuatro que no incluían aumentos en el cobro de derechos; las alcaldías ya no tienen oportunidad de presentarlas de nuevo y deberán usar las del año pasado.
Ante su intención de imponer un incremento del 15 por ciento en el cobro de derechos, 32 de los 36 municipios del estado no contarán con una ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y se verán obligados a aplicar la correspondiente al 2019.
Durante la reanudación de la sesión ordinaria del 15 de diciembre, los diputados locales rechazaron las leyes de ingresos de municipios como Cuernavaca, Jojutla, Jiutepec, Totolapan, Xochitepec, Emiliano Zapata, Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla, Cuautla, Huitzilac y Yautepec, entre otros.
Los votos en contra de la diputada priista Rosalina Mazari Espín, del pesedista Marcos Zapotitla Becerro y de la panista Dalila Morales Sandoval obligaron a que no se lograra la mayoría calificada para que se aprobarán los dictámenes de las leyes.
Por lo tanto, los 32 municipios estarán obligados a aplicar la ley del ejercicio fiscal 2019, aunque no podrán cobrar el llamado impuesto adicional, ya que fue abrogado de la Ley General de Hacendaria, tras haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La diputada panista Dalila Morales Sandoval sostuvo que emitió su voto en contra de 32 leyes de ingresos pues su aplicación sería en perjuicio de la ciudadanía.
Las leyes de ingresos municipales que sí fueron aprobadas son las de Axochiapan, Temoac, Tetela del Volcán y Tlaltizapán, ya que no consideraban incrementos en el cobro de derechos.
La propuesta de incrementar un 15 por ciento el cobro de derechos fue planteada por la mayoría de los alcaldes en el estado, con el fin de generar más ingresos, ante la afectación que registrarán los municipios por la anulación del impuesto adicional.
Sin embargo, los ediles no lograron los consensos de mayoría en el Congreso, pues el grupo de oposición de siete diputadas determinó ausentarse en la sesión ordinaria de ayer para no votar las leyes de ingresos municipales.
