Dictan nuevas reglas de disciplina financiera a dependencias.

El Poder Ejecutivo estatal emitió un nuevo decreto por el cual estableció medidas extraordinarias de racionalidad y austeridad para hacer frente a los gastos no previstos generados por la contingencia sanitaria en el estado de Morelos.

Con excepción de las áreas que realizan actividades prioritarias con motivo de la atención de la contingencia sanitaria, el gobierno de Morelos ordenó a todas sus dependencias apegarse a las reglas de disciplina financiera y reducir al mínimo indispensable su gasto autorizado no etiquetado, en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, para generar ahorros que permitan, conforme a la normativa aplicable, una reasignación de recursos.

Esto significa que no habrá pago de horas extras, bonos, asignaciones o compensaciones extraordinarias y  se suspenderá la petición de contratación de plazas vacantes -con excepción de las áreas operativas de salud y seguridad pública- así como la creación de nuevas plazas y la contratación de personal por honorarios asimilables a salarios.

También se reducirán al mínimo los gastos de combustible, papelería, telefonía móvil, compra de equipos de oficina y cómputo, refacciones, consultorías, servicios profesionales, servicios de difusión por radio, televisión y otros medios, excepto por internet, servicios de impresión y elaboración de material informativo y publicitario, congresos, convenciones y gastos de representación, ayudas sociales a personas, instituciones y cooperativas, donativos a instituciones, y adquisición de muebles de oficina y estantería.

De acuerdo con el decreto, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, “los recursos que resulten de los ahorros o economías a que hace referencia el artículo anterior, se destinarán en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable, en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a programas que la Secretaría de Hacienda, previo el análisis respectivo, determine prioritarios, ya sea para atender la contingencia sanitaria de la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o para el desempeño de actividades esenciales de la función pública en el Estado”.