La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz pide que el juzgador sea suspendido de sus funciones.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz solicitó la suspensión provisional del juez de control, Daniel Rodríguez Apac, ante un evidente conflicto de interés con el Ministerio Público, al ser juzgador e imputado a la vez.

En la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado y representante del Poder Judicial ante la mesa de coordinación, Jorge Gamboa Olea, presentó ante sus homólogos la solicitud para efecto de que el Pleno diera vista a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para que inicie una investigación y proceda a la separación provisional del cargo del juzgador, quien el jueves pasado fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de homicidio culposo de un motociclista.

La petición planteada causó incomodidad entre algunos magistrados por considerar que se ponía en riesgo la presunción de inocencia y que el asunto no era competencia del Pleno; otros magistrados apoyaron que la solicitud planteada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz fuera turnada la Junta de Administración, como órgano responsable.

En su intervención, el magistrado Gamboa Olea expuso los argumentos de los miembros de la mesa de coordinación (integrada por autoridades del gobierno del Estado, CES, FGE, 24 Zona Militar, entre otras), ante el conflicto de intereses que presenta el juzgador, al ser literalmente juez y parte.  

Advirtió que la Fiscalía General del Estado presentará recusaciones en los casos en los que Apac Rodríguez esté implicado como juzgador.

“Aquí lo que se está planteando es que partir del día de hoy, en todos los asuntos en los que intervenga ese juez, se van a replantear las recusaciones porque él tiene un evidente conflicto de interés.

“Hoy empiezan a plantear en todas las fiscalías regionales las excusas para que él no conozca de esos asuntos ¿Por qué? Porque él evidentemente está siendo vinculado a proceso, lo que no había existido desde hace tres años con este asunto y que no tiene nada que ver con lo que planteó la segunda o tercera sala, porque ese era una excusa, y no es hoy por hoy una vinculación a proceso, él está en un periodo de investigación complementaria en donde tiene un evidente conflicto de interés con el agente del Ministerio Públicos de cualquiera de las fiscalías.

“La pregunta sería, ¿qué va a pasar cuando él tenga sometido a su consideración un hecho de tránsito, un homicidio culposo, un homicidio simple, con una fiscalía que es la misma que lo está acusando a él? es un evidente conflicto de interés. Yo no estoy hablando de que él sea responsable o no, eso lo decidirá un tribunal de enjuiciamiento, eso lo decidirá la autoridad que le corresponda este tema”, explicó.

Incluso, durante la sesión hubo un momento de tensión cuando el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, consideró que el tema debió ser conocido por los magistrados antes de la sesión de Pleno. En respuesta, el magistrado Gamboa recordó que desde el viernes lo buscó en al menos tres ocasiones para tratar este tema en específico pero no recibió respuesta del magistrado presidente. Luego, según Jasso, buscó a Gamboa en su ponencia sin encontrarlo.

Hasta la semana pasada, el magistrado presidente del TSJ sostenía que no había argumentos legales para separar al juez de sus funciones.

Ante la solicitud de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Jasso Díaz sostuvo que el asunto se habrá de analizar: “Creo que es un conjunto de lo que se tiene que analizar y no hacer cuestiones solo por estas determinaciones o estas peticiones. Yo lo he comentado, creo que no puede el Poder Judicial trabajar bajo presión, bajo cuestiones que se piden buscando alguna situación en contra de nosotros”.

En su auxilio, fijó postura el magistrado Norberto Calderón Ocampo, quien señaló que, tras conocerse el auto de vinculación a proceso del juez Rodríguez Apac, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se avocó de oficio al caso y “en cuanto ocurrió el lamentable suceso de vinculación, inmediatamente el equipo de la propia presidencia del tribunal empezó a hacer el análisis correspondiente a efecto también de darle condiciones al presidente de atender la problemática que enfrenta particularmente un operador del sistema de justicia penal”.

Tras un largo debate, finalmente por mayoría, el Pleno determinó darse por enterado y hacer del conocimiento de la Junta de Administración de la solicitud de la mesa de coordinación, a quien a su vez se le solicitará que formalice la petición.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, el ciudadano Pedro Portilla se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a la víctima. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio al hombre, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica. Kilómetros más adelante fue detenido por la Policía como presunto responsable del accidente de tránsito y de la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado y protección desde el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable del fatal accidente.  

El pasado 20 de octubre, la agente del Ministerio Público, Martina “N”, fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Rodríguez Apac, quien finalmente, después de tres años del accidente, fue imputado y el 3 de diciembre vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo.