Plantean impugnación ante SCJN.

El Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el presupuesto que les fue asignado por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, el Poder Judicial tendrá un presupuesto para el próximo año de 474 millones, de los cuales 449 serán para el Tribunal Superior de Justicia y 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. En tanto, que el organismo de derechos humanos, mantendrá el mismo presupuesto de 15 millones 803 mil pesos.

El representante del Poder Judicial y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, no descartó la posibilidad de recurrir a la SCJN, ya que la administración de justicia enfrenta una complicada situación financiera y en el 2021 tendría que absorber la justicia laboral, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde mayo de 2019.

Indicó que no solo no aumentó sino que el Congreso decidió restar a su presupuesto alrededor de 60 millones y no etiquetó recursos para instaurar los juzgados especializados en justicia laboral.

“Con el presupuesto que se aprobó haremos nuestra corrida financiera, pero creo que sí este año no tenemos para pagar aguinaldos, no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para contratar gente”, dijo en alusión a los recursos humanos y materiales que se necesitarán para el rubro de justicia laboral.

Además, conforme a la autonomía financiera otorgada al Poder Judicial, legalmente su presupuesto debería ser equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable.

La CDHEM, a través de un comunicado, también expresó su inconformidad con el presupuesto asignado, ya que por varios años la institución no recibe aumento y se atenta contra su autonomía.

“Por tanto, estaremos valorando acudir a la SCJN a defender la autonomía financiera de la Comisión porque no debemos olvidar, que las y los morelenses serán los perjudicados, al no ver fortalecida la Comisión para hacer frente a la gravísima crisis de violación sistemática a DDHH, principalmente por las autoridades que tienen la tarea de garantizar los derechos sociales como la salud, trabajo, seguridad pública, vivienda, educación, entre otros”, afirmó.