Emite FGE nuevo acuerdo para modificar la denominación de su corporación de investigación criminal y regular su funcionamiento.
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un nuevo acuerdo para modificar la denominación de su corporación de investigación criminal y regular su funcionamiento, con el propósito de mejorar su operatividad.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el acuerdo 14/2020, expedido por el titular de la fiscalía estatal, Uriel Carmona Gándara, por el que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la FGE y otros instrumentos reglamentarios, para establecer y regular a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que sustituye a la Coordinación de la Policía de Investigación Criminal (PIC).
De acuerdo con el documento, era necesario realizar algunos cambios a la regulación interna del organismo constitucional autónomo, con el ánimo de mejorar el marco normativo que rige a las unidades administrativas que lo integran y, con ello, dar cumplimiento con mayor efectividad a su función constitucional, e
“En ese orden, en principio, el presente Acuerdo reforma al Reglamento de la Ley Orgánica con el objeto de mejorar el marco regulatorio que rige a la actual Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, incluso alterando su denominación para ser Agencia de Investigación Criminal, a fin de que esta Unidad Administrativa realice la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las acciones para combatir tácticamente la incidencia delictiva a través de productos de inteligencia, como resultado de la operatividad policial diaria.
“Así la Agencia de Investigación Criminal surge como respuesta a los nuevos retos que demanda nuestro Estado en materia de seguridad y procuración de justicia a la problemática de delincuencia actual, que hace necesaria la consolidación de los procesos de investigación de manera coordinada”, estableció.
Conforme al acuerdo, la Agencia de Investigación Criminal tendrá como objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de acciones, así como de la recolección, análisis, correlación y diseminación de información, a fin de combatir táctica y estratégicamente al delito.
“Es un nuevo modelo de organización, orientado a evitar la dispersión de información, generar estrategias de inteligencia contra el delito y reforzar la conectividad, la integración, la identidad y la comunicación de las áreas que la conforman, quienes bajo la estrecha interacción y una visión común optimizarán recursos, se potenciarán los esfuerzos y se consolidarán como parte neural y brazo auxiliar del Ministerio Público”, recalcó.
