Resolución de juicios de amparo promovidos por el legislador podría demorar varios meses.

Un juez federal otorgó la suspensión definitiva al diputado Marco Zapotitla Becerro, para evitar que el Congreso emita una resolución sobre la solicitud de desafuero promovida en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE), para someterlo a proceso penal por el presunto delito de violación.

Dentro del juicio de amparo 1251/2020 y su acumulado 1251/2020, radicados en el Juzgado Quinto de Distrito, el legislador solicitó a la justicia federal frenar el desahogo del juicio de precedencia incoado en su contra a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana de la FGE, quien busca imputarlo ante un juez por la presunta agresión sexual cometida en agravio de una mujer.

El juez federal determinó que “no procede otorgar la suspensión de la sustanciación de dichos procedimientos, en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano y, por ende, se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo”.
Sin embargo, concedió la medida cautelar para efecto de “que las autoridades responsables continúen con el procedimiento de declaración de formación de causa en contra del quejoso, hasta antes de que se dicte la resolución definitiva, es decir, únicamente deberán abstenerse de emitir la determinación que ponga fin al procedimiento” hasta que la justicia federal resuelva de fondo los juicios de amparo.

En su demanda de amparo, Zapotitla Becerro refutó la legalidad del desahogo del juicio de procedencia, desde la recepción de la solicitud en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, hasta del emplazamiento a través de edictos para que el legislador se apersonara al juicio.

El juez acotó que la medida suspensiva no surtirá efectos en el caso de que la resolución definitiva en el procedimiento de declaración  de causa ya hubiese sido emitida, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles.

El 22 de septiembre de 2020, los abogados de la víctima solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializar la carpeta de investigación, ante la existencia de suficientes datos de prueba y la declaración de la víctima, para imputar como presunto responsable del delito de violación al otrora diputado de Partido Encuentro Social (PES).

Un día después, el fiscal metropolitano, Carlos Andrés Montes Tello, presentó la solicitud de juicio de procedencia, con el propósito de que el Congreso retire el fuero al legislador para que enfrente un proceso penal por supuesta comisión de un delito sexual y, en su caso, sea sujeto a medidas cautelares (prisión preventiva) por parte de un juez.

Sin embargo, el desahogo del procedimiento no tuvo agilidad legislativa, a pesar de que la representación legal de la víctima solicitó a los diputados dictaminar el asunto antes del 15 de diciembre (fecha en que concluyó el periodo de sesiones) o, en su caso, convocar a un periodo extraordinario exprofeso.

Ante la suspensión definitiva concedida por un juez federal, el Congreso no podrá resolver sobre la procedencia o no del desafuero, hasta que se resuelvan los juicios de amparo, lo cual llevaría varios meses.