El 21 de octubre en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, el general Jorge Carrillo Olea junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Arturo García Rubí; el coordinador del PRI en el Congreso local y presidente de la Gran Comisión, Jorge Morales Barud; el coordinador del PAN, Adrián Rivera Pérez, y el coordinador del PRD, Eloy Ortiz Pineda, firmó la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral.

Los puntos fundamentales de la misma establecieron: a partir del 2000 la fecha de las elecciones locales se homologa con las federales.

Se crea el Instituto Estatal Electoral, con lo que se quita al poder ejecutivo local la facultad de organizar y desarrollar los procesos electorales en la entidad, quedando esta responsabilidad en manos de un órgano ciudadano, dotado de autonomía constitucional y dirigido por un consejero presidente y 4 consejeros electorales designados desde el Congreso a propuesta de las fracciones parlamentarias.

Según recuerda el primer presidente de este organismo, Teodoro Lavín León, él fue propuesto por el gobernador de extracción priista, Humberto Valverde Prado y José Luis Rodríguez fueron impulsados por el Partido Acción Nacional, Rafael Laue fue impulsado por el secretario del Gobierno, Guillermo Malo Velasco, y él invitó a la empresaria Clara Elena Pérez Santana.

Otro punto de la iniciativa estableció la creación del Tribunal Estatal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo. Se ratificó la necesidad de la oriundez como requisito para acceder a la gubernatura y se incrementó de 15 a 18 el número de distritos locales y de 10 a 12 los espacios plurinominales, para integrar con 30 diputados al Congreso local, condición que se aplicó a partir de la elección de 1997.

Jorge Carrillo Olea inició su gobierno con algunos temas que fueron generando el desencanto social en torno a un personaje con amplias credenciales en la política nacional, entre las que destacaba el haber sido uno de los 5 hombres de mayor confianza del presidente que concluyó su mandato el primero de diciembre de 1994, Carlos Salinas de Gortari.

Ángel Cházaro Roca fue designado secretario de Desarrollo Económico; arribaba a la Secretaría en un Corvette amarillo convertible y fue quien declaró en una reunión con empresarios que Morelos sólo producía “jardineros, empleadas domésticas y meretrices”. El funcionario fue separado del cargo a las pocas semanas pese a contar con un sólido respaldo nacional. Cuando se inició esa administración, se creó la Comisión de Inversiones, cargo en el que se nombró a Sergio Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas; en la Secretaría de Hacienda, a Manuel González Jameson, ex funcionario del gobierno federal; en la Procuraduría de Justicia del estado, a Carlos Peredo Merlo; en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a Úrsula Oswald Spring; en la Secretaría de Desarrollo Humano, a la investigadora Martha Luz Arredondo; en la Secretaría de Gobierno, Guillermo Malo Velasco; en la Coordinación de Comunicación Social, a Moisés Lozano Villafaña, y en la Secretaría de Obras Públicas, a Ariosto Genel, entre otros.

Todos esos funcionarios tenían una característica: no conocían el estado de Morelos y tampoco habían participado en las actividades del Partido Revolucionario Institucional, que durante los gobiernos de Lauro Ortega y Antonio Riva Palacio era el espacio desde el cual habían surgido funcionarios y candidatos de toda la entidad. A esta lista de funcionarios se le llamó “La Legión Extranjera”.

En una ocasión, un funcionario de alto nivel le indicó a otro que el gobernador los estaba citando en “Jantetelco”. Presuroso el servidor público se trasladó pidiendo indicaciones a los transeúntes hasta aquel municipio; ya ahí volvió a buscar a su compañero de gabinete y le cuestionó sobre el punto exacto del evento y éste le aclaró: “Jantetelco es la calle donde se localiza la casa de gobierno. No te preocupes la reunión ya concluyó”.

EL ROMPIMIENTO DE LA GRAN ALIANZA.

Las dirigencias de los partidos políticos, José Raúl Hernández y Adrián Rivera del Partido Acción Nacional, Ignacio Suárez Huape y Julián Vences del Partido de la Revolución Democrática, así como el representante para la Reforma del Estado José Luis Correa Villanueva, se involucraron en la elaboración del proyecto de ley que dio surgimiento al Instituto Estatal Electoral, en momentos en que la inseguridad pública y la frustración de los proyectos económicos que en un inicio de la gestión prometían grandes cambios para la entidad, se diluían por la falta de acuerdos políticos con los pobladores de la entidad.

El Concepto de la Gran Alianza se frustró; la pretensión de dar continuidad y solidez estatal a la obra realizada en la gestión federal anterior para Morelos a través del Programa Nacional de Solidaridad, se truncó; en el ámbito local la intención de estructurar un tejido entre los diversos sectores sociales para impulsar proyectos fue sustituido por los monólogos entre actores con la intención de imponer criterios individuales. El nuevo gobernante difundía así su cercanía con Carlos Salinas.

El Pronasol fue el instrumento político presidencial que institucionalizó los programas de apoyo a las clases marginadas creando una Secretaría cuyo primer titular fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, y desde ahí designado candidato a la presidencia de la república y asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

Jorge Carrillo Olea y sus colaboradores, al ver frustrado su proyecto de gobierno local y para intentar remontar el distanciamiento que el general tenía con el presidente Ernesto Zedillo, determinaron impulsar de forma inmediata la creación del Instituto Estatal Electoral; como fueron los proyectos de aquel gobierno, éste fue un hecho aislado. A las pocas semanas de que el gobierno federal ciudadanizó los proyectos electorales, un grupo de colaboradores de Carrillo Olea iniciaron el trabajo con el PAN y el PRD, en tanto el PRI vivía un distanciamiento del aparato gubernamental. En ese periodo (1994-96) fueron designados 2 presidentes que no formaban parte del círculo cercano del mandatario estatal: el ex delegado de la Procuraduría General de la República y frustrado aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca Jorge Trade Nieto y Eduardo Macmahon.

El vínculo con el PRI era la delegada del Comité Nacional, Martha Solís, quien se encargaba de entregar a los destinatarios los mensajes del general. El entonces senador Rodolfo Becerril recuerda una reunión con la emigrada sudamericana, quien le preguntó si se negaría a la intención del general de convocarlo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. El representante en la Cámara Alta y para muchos en la antesala de la gubernatura declinó la invitación advirtiendo que “tenía un compromiso en la representación popular y que no creía que el mandatario le impusiera un cargo y que con gusto sostendría una reunión para analizar las expectativas del partido”.

Al poco tiempo fue designado líder estatal del tricolor Juan Salgado Brito.

Samuel Palma señala en su libro “La competencia política”, editado en 1998, que “La irritabilidad priista iba en aumento conforme se acreditaba como fórmula de distensión para los conflictos, en las etapas posteriores a las elecciones, el de sustituir, en el ejercicio de la responsabilidad pública, a quienes habían logrado el triunfo electoral; esos fueron los casos de San Luis Potosí en 1991 y de Michoacán en 1992; la circunstancia de Guanajuato había sido aún más extrema porque implicó la aceptación, por parte de la mayoría priísta de un gobernador interino de oposición después de que el partido del que era militante el nuevo gobernador no había podido acreditar legalmente su triunfo electoral. Supo entonces, la conveniencia del PRI para colocar en el ejercicio del poder al partido que se había derrotado. De ahí que esas conductas derivaran en una gran tensión dentro del propio PRI y en donde las reacciones parecían cada vez más difíciles de prever y de encauzar”.

En la reflexión que realiza en torno a los conflictos electorales del gobierno salinista y que fueron la justificación para que desde el PRI se impulsaran las reformas que dieron surgimiento a las estructuras ciudadanizadas para la realización y calificación de los procesos electorales. Palma Cesar advierte: “Las evidencias mostraban haberse llegado a una situación límite, en el que el riesgo más alto consistía en prostituir la competencia política y volver adicto al sistema electoral a las negociaciones como una forma de arribo al poder. Se dibujaba una tendencia en donde el poder de alguna forma derivaba del favor gubernamental y atravesaba por un proceso complejo de arreglos entre fuerzas políticas”.

Sobre la situación del PRI en 1994, Rodolfo Becerril señala en “El Viacrucis del PRI morelense” que para la elección de 1994 el ambiente se enrareció por los asesinatos de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu; del ex obispo de Cuernavaca, Jesús Posadas Ocampo, en ese momento obispo de Guadalajara; el estallido del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ingreso de México al Tratado del Libre Comercio como América del Norte.

Otro escándalo fue la muerte de un importante número de integrantes de la Banda de Música Brígido Santamaría de Tlayacapan a consecuencia del consumo de alcohol adulterado que se elaboró en una factoría de Temixco, lo que ocasionó la caída del alcalde César Cruz Ortiz.

En ese marco, considera que el proselitismo electoral de Carrillo Olea es poco afortunado, cuando al inicio de su campaña, teniendo como invitado al ex gobernador Lauro Ortega Martínez, afirma que “Morelos habrá de salir de una larga noche de oscuridad” en una alusión que considera dirigida al gobernador en funciones Antonio Riva Palacio López. El rompimiento entre una y otra administración lo describe así el entonces senador.

Agrega Becerril que Carrillo Olea: “carecía en aquel momento de arraigo y aquella declaración provocó encono al ser interpretada por algunos miembros de ambos equipos como un rompimiento innecesario entre la administración saliente y la entrante”, (práctica que habían realizado Lauro Ortega contra Armando León Bejarano y en menor medida Riva Palacio contra Ortega Martínez).

SOLUCIÓN DE EMERGENCIA

Jorge Carrillo Olea instruyó a sus empleados para que a través de los medios de comunicación se difundiera la versión de que la creación en la entidad de una estructura ciudadana para la realización de las elecciones, advertía su vocación democrática y su entendimiento sobre el momento que vivía el país. El 30 de julio de 1996, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales elaboró y aprobó el dictamen respectivo. A finales de octubre en Morelos se realizaban los ajustes necesarios que incluían la modificación al artículo 41 de la Constitución, donde se establece que la afiliación a los partidos políticos será libre e individual, lo que significó un gran cambio para los organismos corporativos como la Confederación de Trabajadores de México, según lo consigna Mario Caballero, secretario técnico para la Reforma del Estado, en ese momento, en la tesis sobre las Reformas electorales en México.

Un grupo de morelenses como Fernando Martínez Cué, Gerardo Becerra Chávez de Ita y Jorge Pérez Herrera, entre otros, por otro lado, acudió en esos tiempos a la Secretaría de Gobernación a solicitar una reunión con autoridades federales para informarles sobre su sospecha en torno a que el comandante Armando Martínez Salgado, encargado del grupo Antisecuestro de la Policía Judicial, estaba involucrado en los plagios que sufrían empresarios locales. A partir de esta denuncia surgió en Morelos un movimiento ciudadano en el cual posteriormente se involucró el entonces diputado federal Graco Ramírez, para exigir la salida del general Carrillo Olea.

En los medios de comunicación, más aparecían estas denuncias y otras como el descubrimiento de que en Morelos vivían los capos del narcotráfico, entre los que destacaba Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, que tenía una propiedad en una calle cercana a “Casa Morelos”; o la caída de un helicóptero del gobierno federal, donde perdieron la vida Ignacio Madrazo, quien sustituyó a Sergio Salinas en la Comisión de Inversiones luego del encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari como responsable del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero y ex esposo de Adriana Salinas de Gortari.

Un tema que no fue debatido y se incluyó justificando más el aspecto económico que el político, fue la modificación para la realización de la fecha de la elección. En 1988, en marzo el PRI gana la elección local con “carro completo”; en la elección federal en agosto, pierde la presidencia de la república en Morelos y se da una negociación nacional que provoca que 2 distritos federales de la Cámara de Diputados se entreguen al Frente Democrático Nacional. Este argumento los políticos locales lo convocaban para señalar que no debía moverse la elección.

Jorge Trade, en ese momento presidente del PRI Morelos, defendió la posición gubernamental, señalando que ya bajo una figura ciudadana debía empatarse la elección para agilizar la determinación ciudadana sin provocar el desgaste que ocurría con las elecciones diferidas. La frustración de los proyectos económicos como fue la pérdida de la Ciudad de la Confección en el predio del municipio de Emiliano Zapata, donde el anterior gobierno pretendía construir una central de abastos regional y que hoy tiene una universidad pública y un hospital del ISSSTE, lograba más espacios que el análisis del proyecto político que abrió el gobierno a las diversas ideologías.

PERSPECTIVA MEDIÁTICA

La percepción que Jorge Carrillo Olea tenía de los medios de comunicación influyó en la propuesta que realizó para la Reforma del Estado. El ex responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional construyó una compleja estructura de Comunicación Gubernamental.

Al iniciar su quinto año de gobierno, Antonio Riva Palacio sustituyó a Arturo Serrano como responsable de la relación con los medios de comunicación del estado. En una reunión en Palacio de Gobierno, presentó al columnista de Excélsior, José Cabrera Parra, como responsable del área; éste a su vez presentó a Rolando Ortega Calderón como su segundo de abordo. Fue la única ocasión en que Cabrera Parra se reunió con los comunicadores morelenses.

A las pocas semanas se inició una interesante campaña de posicionamiento de Morelos, señalando que era el “Primer Estado Ecológico”. Aquí se creaba la Procuraduría del Medio Ambiente y se entregaba un reconocimiento por una organización de carácter internacional, en 1990. La Comisión Nacional del Agua determinó cerrar más de 23 mil hectáreas de cultivo de hortalizas en los municipios de Jiutepec, Temixco, Zapata y Xochitepec a consecuencia de la contaminación del subsuelo desde la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.

Esta estructura operó la relación del candidato priista con los medios de comunicación. Moisés Lozano fue el primer responsable del área; lo sustituyó Rolando Ortega y finalizó la gestión Matías Nazario. Fue durante esa época cuando se instituyeron los convenios con los medios de comunicación y fue cuando por primera vez se estableció una diferencia perceptible entre lo que publicaban los medios morelenses y los nacionales. Era en el centro del país donde se ventilaban los avances del Comité de Unidad Tepozteco, las denuncias y reclamos en torno a los secuestros sufridos por empresarios y hasta el enfrentamiento que entre inconformes de Tepoztlán y elementos policiacos se dio en las cercanías de la última gira del presidente Zedillo durante el gobierno del Carrillo Olea.

El primer consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Teodoro Lavín, recuerda que desde su creación el Partido Acción Nacional fue el más involucrado en la capacitación y designación de sus representantes; José Luis Correa, representante del PRD, reconoce que se adicionaron los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, los de independencia, equidad y profesionalismo, así como el reconocimiento de la libre e individual afiliación a los partidos y la transparencia en el financiamiento público a los partidos.

Pese a que las reformas constitucionales daban a Morelos la oportunidad de no modificar su legislación electoral, sino hasta un año posterior a su proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral de Morelos, como organismo autónomo y ciudadanizado, organizó la primer elección en su tipo en la historia de México; “fue la más limpia y participativa” concluye Teodoro Lavín León, primer consejero presidente.