Con el fondo se busca evitar destituciones de alcaldes y cabildos por desacato judicial.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas dictados en contra de los municipios de la entidad, que permitirá a los ayuntamientos acceder a recursos para evitar destituciones de alcaldes y cabildos por desacato judicial.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, fueron etiquetados para el 2021 un total de 20 millones de pesos, únicamente para el pago laudos y sentencias ejecutoriadas, es decir, que se encuentran firmes y no existe medio alguno de defensa por desahogar por parte de los municipios y que no hayan sido atendidos por las administraciones municipales.

Las reglas establecidas para acceder al fondo, subrayan que no podrán ser incluidos ninguno de los laudos o sentencias generados a lo largo de las actuales administraciones municipales.

Conforme a los artículos transitorios de las reglas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, en los próximos tres días hábiles se solicitará la designación de los representantes del Comité de Evaluación y del Grupo de Trabajo Técnico, cuyos órganos estarán integrados por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para que en forma colegiada determinen los casos a concursar por asignación de recursos y los montos asignados a cada municipio que cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

En un plazo de 15 días hábiles se deberá convocar a la instalación del Comité de Evaluación para comenzar con el análisis de los asuntos que cada ayuntamiento presente, en los que se dará prioridad a los casos más urgentes y que presenten un riesgo para la permanencia de las o los presidentes municipales e integrantes de los cabildos.

Para que las comunas puedan acceder a los recursos del fondo, deberán de cumplir una serie de requisitos legales y burocráticos, como contar con el respaldo de los cabildos y presentar documentación administrativa, financiera y judicial que compruebe que los laudos y sentencias están firmes y fueron heredados por administraciones anteriores, que los ayuntamientos carecen de presupuesto para atender el pasivo y que existe riesgo de destitución.