Pleno del Congreso de la Unión ordena a Sección Instructora pronunciarse sobre si el funcionario estatal goza o no de fuero constitucional.

Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados reactivó el desahogo del procedimiento de juicio de procedencia iniciado en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara y ordenó la Sección Instructora pronunciarse sobre si el funcionario estatal goza o no de fuero constitucional.

Con 260 votos a favor, 40 en contra y nueve abstenciones, el Pleno aprobó el acuerdo presentado por la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el apoyo del Partido Encuentro Social (PES), por el cual revocó el acuerdo de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, con fecha 12 de marzo de 2021, por el que fue suspendida la tramitación del procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020 iniciado en contra Carmona Gándara, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el acuerdo impulsado por el diputado morenista Pablo Gómez ordenó a la Sección Instructora no solo reactivar el procedimiento de procedencia que busca desaforar al fiscal morelense, sino pronunciarse respecto a si el funcionario estatal tiene o no fuero constitucional.

En la justificación de acuerdo aprobado por el Pleno de Congreso federal, se estableció que el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, si bien otorgó la suspensión definitiva al titular de la FGE dentro del juicio de amparo 5/2021, ésta fue para efecto de que se continuará con el desahogo del procedimiento legislativo pero sin que se emitiese una sentencia, hasta la resolución de fondo de la demanda de garantías.

“(…) en su resolución se considera que el procedimiento seguido por la Sección Instructora debe continuar por estar expresamente excluido de los efectos de la suspensión judicial y porque, como resultado de dicha inmovilidad procesal, entra en contradicción con el procedimiento dispuesto por el artículo 111 constitucional y por diversos de la Ley federal de Responsabilidades de los servidores Públicos, entre cuyos preceptos no se dispone la posibilidad de suspensión procesal y ésta no se deriva de una disposición diversa como pudiera hacer el Código Nacional de Procedimientos Penales, norma supletoria, como tampoco se encuentra determinada por una condición de hecho no contemplada en la legislación.

“Todo lo anterior, en suma, afecta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza a la sociedad el artículo 17 constitucional, pues la suspensión injustificada en el desahogo de la solicitud ministerial de declaración de procedencia como prerrequisito para el ejercicio de la acción penal, interfiere indebidamente en la eficacia del sistema de impartición de justicia”, argumentó.

El debate enfrenta a Morena y oposición

Previo a la aprobación del acuerdo para reactivar el desahogo de la declaración de procedencia o desafuero, los representantes de las fracciones parlamentarias fijaron su postura en tribuna, y fue notoria la alianza Morena-PES y el bloque opositor minoritario del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.

La primera en fijar postura a nombre del Sol Azteca fue la diputada Verónica Juárez Piña, quien expresó su rechazo al acuerdo, por considerar que con ello se pretende que el Pleno supla las facultades exclusivas de la Sección Instructora, respecto a la revocación de la suspensión del procedimiento de la declaratoria de procedencia.

“El acuerdo que la Junta de Coordinación Política pone a consideración de esta asamblea, constituye una procedencia de suma gravedad para el desarrollo de los trabajos legislativos, ya que se pretende, a través de una votación de Pleno, suplir los acuerdos internos de un órgano legislativo como es la Sección Instructora, en vez de generar los consensos necesarios para que el propio órgano tome la decisión que esta por tomar este Pleno.

“La transgresión no resulta menor, porque abre la puerta para que a través  de un acuerdo de esta naturaleza puedan tomarse determinaciones que competen a las y los integrantes de comisiones y comités, pasando por encima de los derechos de quienes en ellas actúan cuando así le convenga  a quien detenta la mayoría en la Junta de Coordinación Política y en este Pleno”, dijo al señalar que lo que el Pleno debió discutir fue un exhorto a la Sección Instructora para que sus integrantes tomarán una determinación y no pretender intervenir “como lo está haciendo este Pleno de manera burda y grosera”.    

La diputada del PES, Esmeralda Moreno Medina, no sólo apoyó el acuerdo impulsado por Morena, sino que criticó severamente el desempeño del fiscal estatal y lo acusó de negligente, corrupto y protector del ex gobernador perredista, Graco Ramírez.

 “Este señor ha hecho mal uso del encargo en el que fue designado, no en balde está relacionado con delitos de ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y actos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Afirmó que el fiscal estatal debe ser juzgado como cualquier ciudadano por incumplir con su funciones y con la ley.

Y recalcó: “Si el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió renunciar a cualquier tipo de protección legal en contra de procedimientos judiciales, porqué un fiscal corrupto, abusivo y negligente tendría que ser la excepción; digamos las cosas como son, Uriel Carmona fue impuesto en la fiscalía por Graco Ramírez para cubrirle las espaldas durante un sexenio de terror en Morelos”.

El diputado del PT Alfredo Porras Domínguez también se pronunció en contra de la aprobación del acuerdo, llamó a la Sección Instructora actuar en estricto apego a derecho y recalcó que el fiscal estatal sí goza de protección constitucional, pues si la FGR solicitó la declaración en contra de Uriel Carmona es porque considera que sí cuenta con fuero, en virtud de que la fiscalía morelense es un organismo constitucional autónomo.

Claudia Pastor Badilla, diputada del PRI, también se sumó al rechazo del acuerdo y enfatizó que la determinación de la Sección Instructora de mantener en suspenso el procedimiento de declaratoria de procedencia, fue para respetar la suspensión concedida al fiscal estatal y que el juzgado de distrito se pronuncie sobre un tema muy relevante, respecto a si los fiscales gozan o no de fuero constitucional.

Incluso, acusó al legislador morenista y presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, de presionar para resolver la declaración de procedencia.

“Es un horror que la Cámara ordene resolver algo que es naturaleza de un juicio de amparo, es un horror que este Pleno le ordene a la Sección Instructora, conformada por diputados y diputadas como sus pares, que dicte una resolución sin fundamento (…) Por lo tanto, no cuenten con nosotros para este despropósito y, por favor, después no digan que no se los dijimos”, expresó.

El diputado del PAN, Marco Antonio Hernández Arellano, insistió en que el Pleno carece de facultades para “orientar” las decisiones de la Sección Instructora y exigió que se cumpla el procedimiento legislativo.  

El debate fue cerrado justamente por el diputado de Morena y presidente de la Sección instructora, Pablo Gómez, quien resaltó que la suspensión otorgada al fiscal permite que, sin llegar a emitir una sentencia, se sustancie el procedimiento legislativo sobre la declaratoria de procedencia, que es todo contrario a lo que la Sección Instructora propone con la suspensión del proceso.

Indicó que con el acuerdo de Pleno “vamos a superar un error” cometido por la misma Sección Instructora al suspender el proceso y sostuvo que el juicio de amparo promovido por Carmona Gándara, no es para determinar si un fiscal local tiene o no fuero sino para analizar los términos de la acusación realizada por la FGE y la admisión por parte de la Cámara de Diputados.

Incluso, señaló que, en el supuesto de que la Sección Instructora determinara en su momento que el fiscal estatal no tiene fuero, el caso quedaría fuera del alcance de la Cámara de Diputados.