En cuanto culmine su fuero.
Está acusado de violación, pero su cargo impidió que fuera juzgado; el abogado de la víctima pide a la Fiscalía que actúe inmediatamente contra el casi exlegislador.
El abogado de una víctima de violación instó a la Fiscalía General del Estado a proceder contra el todavía diputado local, Marco Zapotitla Becerro, una vez que concluya su periodo y se extinga el fuero que lo protege para que sea imputado ante un juez penal.
El litigante Gibrán Haro que representa a la víctima identificada como R.G.T., indicó que la fiscalía está en posibilidad de solicitar la audiencia de formulación de imputación para que, a partir del 1 de septiembre, Zapotitla Becerro, ya sin protección constitucional y en calidad de ciudadano, sea citado a comparecer en los juzgados para que se le formule imputación por el presunto delito de violación.
“Jurídicamente la fiscalía tendrá la posibilidad de solicitar la formulación de imputación. Si éste no se presenta, tendrá la posibilidad de solicitar la sustracción de la justicia del mismo y solicitar la orden de aprehensión correspondientes”, explicó.
En el mes de septiembre, Carlos Andrés Montes Tello, fiscal Regional Metropolitano de la FGE, a través del oficio FGE/FRM/1815/2020, presentó la solicitud de declaración de procedencia o formación de causa en contra Marco Zapotitla Becerro, en virtud de la integración de la carpeta de investigación en la cual es acusado como presunto responsable del delito de violación en agravio de una mujer.
Durante los tres meses siguientes, la legislatura mantuvo rezagada la solicitud de procedencia, y eso permitió que Zapotitla Becerro promoviera un juicio de amparo y en enero de 2021 obtuviera del Juzgado Quinto de Distrito una suspensión definitiva para evitar que el Congreso emitiera una resolución sobre su proceso de desafuero, razón por la que el asunto quedó congelado en el Congreso.
Finalmente, opinó que este caso debe ser el precedente para que la siguiente legislatura realice reformas legales que permitan establecer plazos para el desahogo de las solicitudes de procedencia y que las víctimas no tengan que esperar que fenezca el fuero de un presentante popular para poder proceder penalmente cuando se presuma que éste ha incurrido en un ilícito.