La Secretaría de Hacienda iniciará los procesos legales correspondientes por la destrucción de documentos a consecuencia del fuego que prendieron algunas mujeres en oficinas del Palacio de Gobierno durante la marcha del 8 de marzo pasado.

Durante la manifestación en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, un grupo de jóvenes rompió cristales de las ventanas de la planta baja de la sede del Poder Ejecutivo y lanzó bombas molotov (botellas de vidrio con combustible) lo que ocasionó incendios en varias de las oficinas que albergan parte de la Secretaría de Hacienda.

La titular de la dependencia, Mónica Boggio Tomasaz Merino, expuso en entrevista de este viernes que la agresión causó daños: “Sí, es grave el daño para nosotros porque deben tener en mente que en cuestión de cualquier auditoría que nos haga alguna autoridad externa… es documentación que ya desapareció”.

Mencionó que se valora con la Consejería Jurídica la vía para levantar las actas y los procesos correspondientes que respalden la destrucción e inexistencia de esos papeles: “no tanto en contra de la marcha de las mujeres, sino para justificar el soporte de la documentación que se perdió; lo que te puedo decir es que son documentos internos, que tienen copia en otras dependencias, entonces para esas sí van a existir, pero para nosotros ya no”.

Comentó que si la estrategia jurídica les indica que deben levantar una denuncia, no es para ir en contra del movimiento o en el tema de los daños y perjuicios que causaron: “yo, en lo personal, puedo decir que se les apoya, se les entiende, sin embargo, los daños que causan ya tiene consecuencias de manera interna”.

Manifestó que con las bombas molotov que lanzaron incendiaron varios documentos y mobiliario.

Por otra parte, la funcionaria anotó que la iniciativa de reforma sobre la asignación de participaciones, que está en proceso, tiene como fin sólo armonizar la norma en términos de coordinación hacendaria, conforme al último censo de población más reciente del 2020. Detalló que bajó la cifra de habitantes y eso llega a afectar las participaciones de los municipios.

Consideró que la diferencia no será sustancial, pero la reforma se tendrá que acatar y se debe calcular de manera correcta la citada fórmula de entrega de participaciones.

Entrevistada en el marco de su comparecencia en el Congreso local por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la secretaria indicó que los alcaldes saben que la Federación no autorizó adelanto de participaciones al estado y, por lo tanto, no existe viabilidad de anticipos a los ayuntamientos, al menos por el momento.

Recordó que existe el compromiso de apoyarles con la realización de obras en sus municipios.