Marco Adame aseguró que la adhesión de diversas organizaciones sociales y no tan sólo de esferas políticas al Acuerdo Estatal, expresa una voluntad clara, manifiesta y firme de coincidir en objetivos de una senda que se puso más allá de cualquier interés particular de grupo o de partido.
“No es un pacto entre poderes, es un acuerdo de todos los habitantes del estado, que convoca a todos (…) para actuar con unidad, firmeza y eficacia en todo aquello que contribuya a elevar la integración familiar y comunitaria con base en valores y oportunidades de desarrollo, el nivel educativo y cultural de la población, especialmente de los jóvenes y niños”, enfatizó el gobernador.
Señaló que lo que su gobierno ha establecido es la atención inmediata a una exigencia ciudadana en el sentido de que la agenda pública refrende su origen a los temas que son prioritarios para la gente de a pie, a la gente que todos los días tiene que buscar el sustento y bienestar de su familia, pero que además cuente con la certidumbre de que vivirá en paz y con seguridad.
Dijo que todos “debemos” ser conscientes de que el momento que vive el país nos requiere a todos y que las distintas expresiones a favor de la paz, la justicia, de la dignidad siempre serán una contribución y una forma de poner en movimiento al país.
El mandatario morelense hizo una acotación al referir que el Acuerdo Estatal e Institucional por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz se ha venido construyendo en diálogo con los distintos sectores de la sociedad, con quienes se está conformando una alianza que une e identifica a todos, y ante lo cual se debe ceder para poner por delante aquello que ayude a lograr mejores niveles de vida.
En este sentido, Adame Castillo resaltó la iniciativa de ley impulsada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Morelos y que ha sido ingresada al Congreso del Estado para crear el Observatorio Ciudadano, figura contemplada en el Acuerdo Estatal.
Aseguró que este observatorio contribuirá como instancia autónoma para medir y evaluar las acciones en materia de desarrollo, seguridad y justicia; para que la autoridad no sea juez y parte; para que una instancia ciudadana pueda estar evaluando las acciones de sus autoridades y dando una opinión al respecto que sirva para que se tomen medidas a tiempo y se salga al paso de los grandes retos que como estado y nación se tienen.