Se ignora el destino del dinero que se retiene a ocho legisladores; se usa el presupuesto sin autorización de la Junta Política, señala Erika Hernández Gordillo.

Erika Hernández Gordillo, diputada del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) afirmó que se solicitará una auditoría especial al Congreso del estado, ante la falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto, que este año fue de 430 millones de pesos.

La legisladora local sostuvo que es necesario que se conozcan los datos sobre la aplicación de los recursos financieros del Poder Legislativo, pues a ocho legisladores (G-8) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y RSP no se les han pagado sus prerrogativas durante los últimos seis meses por orden de la Mesa Directiva, que encabeza el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala.

"Queremos saber qué pasó con ese recurso que no se nos ha pagado, a qué se ha(n) destinado", dijo la diputada, quien además refirió que por ley, el presupuesto a aplicarse durante este 2022 debió ser aprobado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) desde enero pasado, proceso que no se cumplió por el conflicto político en el Congreso del estado.

No obstante, declaró que se especula que el grupo de diputados denominado G-11 contrató más personal.

"Es lo que se dice, lo que nos queda claro es que no hay una contratación o recontratación para nuestro personal", manifestó.

Dijo que esta auditoría especial debe aplicarse incluso cuando se genere un acuerdo político para destrabar la parálisis legislativa que se arrastra desde diciembre del año pasado.