La mayor parte de la población atiende sus enfermedades en servicios médicos privados, revela encuesta presentada por el Instituto Nacional de Salud.

El grupo de población en pobreza extrema, ocupada en la economía informal enfrenta mayores tasas de mortalidad, revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), cuyos resultados fueron presentados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Además, dicho documento refiere que más del 60 por ciento de la población sin seguridad social acudió al servicio médico del sector privado. 

Eduardo Lazcano Ponce, director general del INSP, expuso que la comparación de resultados de las diferentes encuestas realizadas a lo largo de los años “permitió identificar la presencia de enormes inequidades en salud entre la población y el incremento progresivo de la exposición a determinantes no saludables en México”. 

La Enasut 2021 refleja naturalmente datos que dejó al descubierto la pandemia. En este sentido, la institución expuso que se puede identificar que “México enfrentó al COVID-19 en condiciones de desigualdad social y perfil de morbimortalidad adverso… la mortalidad por esta causa fue mayor en población con pobreza extrema y ocupada en sector informal”.  

Lazcano Ponce explicó que la encuesta nacional es instrumento para la toma de decisiones en políticas públicas, fue elaboraba por el INSP en una iniciativa conjunta con la Secretaría de Salud federal y es útil para la planeación de políticas, estrategias y programas de salud, tanto del gobierno federal como de las entidades federativas.  

El también integrante de la Academia de Ciencias de Morelos expuso que “durante más de tres décadas, a través de esta herramienta se ha recabado información, como la estimación de la frecuencia y distribución de indicadores positivos de salud; factores de riesgo y prevalencia de enfermedades crónicas y agudas; estado de nutrición y deficiencias de nutrimentos, lesiones y discapacidad entre la población mexicana”. 

El director general del INSP resaltó que, como un hecho inédito, nuestro país fue uno de los pocos que en el contexto de la pandemia realizó una encuesta poblacional con mediciones y obtención de datos en una muestra de 12 mil 619 hogares, que son una muestra representativa de 36 millones 738 mil 957. 

Lazcano Ponce dio a conocer que uno de los objetivos de la Ensanut fue captar el porcentaje de población con inmunidad adquirida debido a la infección viral y a la aplicación de vacunas con la medición de prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Conjuntamente, se estudiaron los factores asociados a esta respuesta y la experiencia de las personas respecto a la vacunación. 

Informó que a través de la Ensanut 2021 se actualizó el panorama sobre la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de salud y sus determinantes. También se examinó la respuesta social organizada de la población frente a estos problemas; cobertura de programas prioritarios de prevención y alimentación por entidades federativas, zonas urbanas, rurales, y estratos socioeconómicos”.  

Como parte de los resultados – añade el reporte- la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, Celia Alpuche Aranda, destacó que “entre las principales razones para no vacunarse (contra covid) destacaron creer que la vacuna tiene efectos adversos para la salud y problemas de logística para hacer llegar la vacunación a lugares de difícil acceso. 

El director de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud del CISS-INSP, Sergio Bautista Arredondo, señaló que el uso de servicios públicos para resolver necesidades de salud se mantuvo en 40 por ciento; mientras que 66 por ciento de las personas sin seguridad social acudió a unidades privadas. 

La investigadora de la Dirección de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud del CISS-INSP, Arantxa Colchero Aragonés, destacó que el impacto de la pandemia de COVID-19 fue mayor en la población más pobre y sin seguridad social.  

Esta conclusión deriva del análisis de vigilancia epidemiológica, donde se identificó que la mortalidad por esta causa fue mayor en personas que habitan en municipios con pobreza extrema y mayor población ocupada en el sector informal. 

Expuso que se documentó una menor probabilidad de cumplir las medidas de mitigación de la Jornada Nacional de Sana Distancia en los hogares donde el jefe o la jefa de familia tienen bajo nivel socioeconómico y escolaridad. 

Informó que 15.1 por ciento de la población se realizó una prueba de diagnóstico de COVID-19; 23 por ciento tuvo resultado positivo. Del total de personas entrevistadas, 4.7 por ciento reportó haber sido diagnosticada por personal de salud, ya sea por prueba, síntomas o ambas. 

De los casos positivos reportados, 96 por ciento buscó atención médica y 95 por ciento la recibió. Además, 62.5 por ciento reportó haber tenido alguna secuela posterior a su alta médica o un mes posterior al inicio de la enfermedad y 34.4 por ciento tuvo secuelas persistentes. 

“Ante estos hallazgos, Colchero Aragonés detalló que es necesario garantizar la cobertura universal de salud efectiva para la población sin seguridad social, destinar recursos suficientes al sector Salud e invertir en la prevención para reducir la carga de enfermedad”.