Queda allanado el camino para que asuma su esposa como diputada suplente.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación promovida por Roberto Yáñez Moreno, con lo cual quedó firme la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que le retiró del escaño en el Congreso local, y allanó el camino para que su esposa, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, asuma la curul como suplente de la diputada Gabriela Marín Sánchez, asesinada el pasado 5 de octubre.

En la sesión en la que estuvieron solo cuatro de los siete integrantes del Pleno, por unanimidad, la Sala Superior determinó desechar el recurso de reconsideración SUP-REC-421/2022, porque “no se actualiza el requisito especial o algún criterio jurisprudencial de procedencia”, es decir, no había ningún norma o interpretación constitucional o electoral que dirimir.

El pasado 17 de abril, producto de los padecimientos que sufría por su edad avanzada, falleció el diputado Juan José Vázquez Yáñez, quien no tenía suplente y originalmente llegó al Congreso por el partido Morelos Progresa -creado por sus sobrinos Julio y Roberto Yáñez con apoyo de otros políticos- y luego se pasó a la bancada del PRI.

Roberto Yáñez Moreno de inmediato solicitó la asignación de la curul con el argumento de que ocupaba el tercer lugar de la lista de plurinominales registrada por el extinto partido Morelos Progresa y que Gabriela Marín, quien estaba en segundo lugar, no podría ocupar el escaño legislativo porque habría una sobrerrepresentación de mujeres en el Congreso.

En mayo, el Congreso se apresuró a nombrar  diputado a Roberto Yáñez, en sustitución de su tío, y entonces sobrevinieron diversas impugnaciones, incluso de otros partidos minoritarios que se consideraron con derecho a la vacante.

El 13 de julio, el TEEM resolvió que era Gabriela Marín Sánchez y no Roberto Yáñez Moreno quien debía ocupar la curul. Lo anterior, porque "este tribunal coincide en que hay una laguna normativa en relación con la forma en que se deberá cubrir una vacante en la legislatura, sin embargo, para proveer respecto de dicho vacío se acude a la Constitución, la cual marca que la vacante de una diputación se suplirá con la siguiente fórmula de la lista.

“En estos términos, este tribunal atendiendo al orden de prelación de la lista registrada por el partido Morelos Progresa, tiene que la diputación corresponde a la formula conformada por las ciudadanas Gabriela Marín Sánchez y Marguis Soraya del Rayo Salcedo, quienes son mujeres indígenas.

“Así se sigue la regla relativa al orden de prelación y se respeta a que tiene  un derecho adquirido a que se atienda la lista presentada por el partido Morelos Progresa, aun en este caso cuya eficacia se materializa por el escaño ganado por dicho instituto político y en una ponderación de derechos sobresalen como prioritario los principios de igualdad, no discriminación, pluralismo cultural y paridad de género en la integración de los órganos”, determinó.

Marín Sánchez asumió el cargo de diputada y, posteriormente, el 23 de septiembre, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó la sentencia del tribunal local. En consecuencia, Yáñez Moreno recurrió la sentencia y ayer la Sala Superior desechó su último recurso, al no haber elementos jurídicos de discusión.

Ahora, tocará a la diputada suplente y esposa de Roberto Yáñez, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, asumir ese escaño que por segunda ocasión quedó vacante tras el asesinato de la diputada propietaria, Gabriela Marín.

Del Rayo Salcedo llegará a la curul librada de un proceso penal por el presunto delito de fraude procesal iniciado hace cuatro años por el propio Congreso del Estado, por haber sido una de las beneficiaras de las llamadas “pensiones doradas”, que fueron concedidas por la LIII Legislatura a personas que presuntamente no cumplían con los requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil estatal y que habrían falsificado documentos para justificar años de trabajo al servicio del Estado.

El pasado 12 de octubre un juez de control le concedió la suspensión condicional a proceso con el requisito de reparar el daño al Congreso del estado y mantener su residencia en la entidad. Hasta el momento, el Poder Legislativo no se ha pronunciado sobre este asunto, pese a que su área jurídica se opuso a que la ahora diputada suplente obtuviese el beneficio previsto en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales.