Después de que eligieron a Adriana Pineda como magistrada del TUJA sin contar con el perfil, el Congreso prepara reforma para que quien la suceda demuestre tener perfil especializado en justicia para adolescentes.

La medida sólo podrá aplicarse cuando la recién llegada acabe su periodo.

Tras haber designado a la ex fiscal especializada en Delitos de Alto Impacto Adriana Pineda Fernández como magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJA) por 14 años, los diputados locales pretenden modificar los requisitos para garantizar que el perfil del abogado que ocupe dicho cargo sea una persona que haya servido "con eficiencia, capacidad y probidad en el sistema de administración de justicia para adolescentes".

El dictamen de reforma constitucional se encuentra incluido en el orden del día de la sesión ordinaria que está programada para este lunes y de aprobarse por el Pleno entraría en vigor dentro de 13 años y nueve meses.

La iniciativa con proyecto de decreto fue impulsada por el diputado panista Ángel Adame Jiménez, uno de los 14 legisladores que votó a favor de Adriana Pineda como presidenta del TUJA, el pasado 29 de septiembre.

El legislador propuso que la persona designada en el citado encargo tenga un perfil "especializado e idóneo", por lo que la reforma al artículo 109-quater señala que para ser nombrado magistrado propietario o suplente del Tribunal el profesionista tendrá que acreditar "conocimientos específicos sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes".

Además, el abogado aspirante a dicho cargo tendrá que acreditar conocimientos en el sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la prevención del delito para adolescentes y el desarrollo de habilidades para el trabajo de adolescentes en el ámbito  de sus respectivas competencias.

La citada reforma constitucional se podría votar después de las especulaciones sobre la designación de Adriana Pineda, que señalan que ese nombramiento se debió al pago de favores de un grupo de legisladores al  fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.