Alcaldía promueve una controversia constitucional contra dos rubros de la Ley de Egresos 2023 del gobierno del estado que afectan a los ayuntamientos.

El municipio de Tlalnepantla ha sido el primer municipio en promover una controversia constitucional contra dos rubros de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 2023 que afectan directamente a los ayuntamientos.

De acuerdo con los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia quedó registrada con el número 22/2023 y se espera que en breve se emita el auto de admisión o no y, en su caso, la concesión de alguna medida cautelar.

En el recurso de control constitucional, el Ayuntamiento de Tlalnepantla –perteneciente a la zona de los Altos de Morelos- impugnó los artículos Trigésimo Tercero Bis y Trigésimo Tercero Ter y los anexos 11-A y 11-B del decreto 579, por el que el Poder Legislativo aprobó la Ley de Egresos del Gobierno del Estado para ejercicio fiscal 2023.

El municipio actor refutó dos apartados del presupuesto de este año relativos al Fondo de Infraestructura Regional Municipal y las Acciones de Fomento Municipal.
Con argumentos similares a los del Poder Ejecutivo, quien promovió también  la controversia constitucional 276/2022 contra tres puntos específicos del presupuesto 2023, al ayuntamiento objetó el incremento realizado por el Congreso local al Fondo de Fomento Municipal  de 669.2 millones de pesos –calculados originalmente con base en las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-  a 755.3 millones, así como la distribución de los recursos.

También impugnó la repartición de los recursos del Fondo de Infraestructura Regional Municipal y las Acciones de Fomento Municipal por considerar que fue inequitativa y provoca un tratamiento diferenciado injustificado e irracional entre municipios.

De igual forma, está en trámite el recurso de reclamación 23/2023, promovido por el Poder Ejecutivo de Morelos en contra del acuerdo por el que el ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, negó la suspensión al Poder Ejecutivo dentro de la controversia constitucional 276/2022, en la que se impugnaron tres apartados del presupuesto 2023.