Ante el riesgo de que no entre en vigor una nueva normatividad electoral a favor de las comunidades indígenas y de los grupos vulnerables para al proceso electoral 2023-2024, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) estaría obligado a  aplicar las acciones afirmativas que se emitieron para los comicios del 2021, afirmó la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá.

En entrevista, la consejera electoral señaló que el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 2021 señalaba la obligación de establecer una reglamentación sobre los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y los grupos vulnerables apegados a las consultas públicas que realizaron durante el último año.

Sin embargo, señaló que el plazo para la publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de la reforma electoral en la materia -que aprobó el Congreso local el pasado 16 de mayo- vence este dos de junio.

"Si no se publica, de nuevo tendríamos que (ir) por la línea de las acciones afirmativas, porque hay que tomar en cuenta una cosa: los derechos humanos son progresivos, no podemos ir para atrás a menos de que haya una clara justificación y que haya una ley al respecto", apuntó.

Otra de las vías -expuso- es que los pueblos indígenas y los grupos vulnerables recurran nuevamente ante los tribunales electorales, por el incumplimiento de su misma sentencia para garantizar su derecho a la representatividad en el Congreso del estado y los ayuntamientos.