Ya fueron agotados los medios de defensa: TJA.

Por desacato reiterado a sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), los alcaldes de Ocuituco y Tlaquiltenango, Juan Jesús Anzures García y Carlos Franco Ruiz deberán ser destituidos por el Congreso de Morelos y enfrentar cargos penales por daños a la hacienda municipal.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo de un tribunal colegiado, Guillermo Arroyo Cruz y Roque González Cerezo, magistrado presidente y magistrado de la Quinta Sala del TJA, acudieron a dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)  del expediente TJA/5ª SERA/004/2018, para el inicio de una  investigación penal respecto a posibles delitos cometidos por el edil de Ocuituco.
El titular del TJA narró que en el 2018 el tribunal dictó una sentencia en favor de un policía municipal, a quien el Ayuntamiento de Ocuituco estaba obligado a pagar una indemnización de 235 mil pesos, sin embargo, el edil –quien resultó reelecto en el proceso electoral de 2021- optó por dilatar el cumplimiento de la resolución pese al inminente daño al erario municipal.

El policía promovió un juicio de amparo directo contra la negativa del alcalde a cumplir con el pago y un tribunal colegiado le concedió la protección de la justicia federal para que el TJA diera vista a la fiscalía anticorrupción y solicitara al Congreso su destitución e inmediata sustitución.

“El expediente data del 2018, año en que se dictó una sentencia en contra del presidente municipal de Ocuituco y cuya firmeza obligó al presidente municipal a pagar en aquel entones 235 mil pesos a un elemento de seguridad pública que fue despedido injustificadamente.

“Derivado de ello y de la estrategia que presentó el presidente municipal, Juan José Anzures, el expediente ha venido avanzando en su dinámica procesal  y hoy en día esos 235 mil pesos, con sus actualizaciones, se han convertido en 756 mil pesos, es decir, que la hacienda pública municipal de Ocuituco por esta estrategia jurídica fallida hoy tiene que erogar casi 600 mil pesos más de la condena original, esto evidentemente muestra un detrimento a la hacienda pública de manera dolosa.

“Por esa razón, y en estricto cumplimiento a un mandamiento federal, el TJA se ve obligado a darle vista, en principio, al Congreso del Estado para que en términos de ley ordene la suspensión del señor alcalde de Ocuituco de manera inmediata, llame al suplente y proceda en materia política lo que corresponde al Congreso y, por cuanto hace al detrimento de la hacienda pública municipal tendrá que ser la fiscalía anticorrupción quien, al analizar el expediente, pudiera judicializar la carpeta correspondiente y, en su caso, pedir una orden de aprehensión o una orden de presentación en contra del hoy alcalde”, explicó.

El magistrado presidente precisó que la ejecutoria federal quedó firme y, a pesar de que el edil promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional, ésta fue sobreseída y, por lo tanto, quedaron agotados los medios de defensa, lo que significa que es el Congreso de Morelos quien debe ejecutar la destitución del edil a la brevedad posible, pues el presidente del Poder Legislativo, Francisco Sánchez Zavala, también ya fue notificado sobre la ejecutoria federal.

Reveló que en la misma circunstancia se encuentra el alcalde de Tlaquiltenango, Carlos Franco Ruiz, quien también incurrió en desacato judicial y ya agotó los medios de defensa, por lo que su destitución está en manos de Congreso local.

“Hace semana y media se entregó la misma solicitud para el caso del alcalde de Tlaquiltenango al Congreso. Estamos esperando también que el Congreso proceda en consecuencia en ese caso y en los próximos días estaremos entregando un paquete  similar a la fiscalía (anticorrupción) en el caso de Tlaquiltenango”, dijo al señalar que otros funcionarios municipales –que no son de elección popular- también fueron destituidos e inhabilitados junto con el alcalde, por su contumaz desacato a sentencias del TJA y daño a la hacienda municipal.

Al respecto, el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez recibió el expediente relativo al caso Ocuituco y sostuvo que lo analizará para determinar los posibles delitos cometidos por el edil de Ocuituco para proceder a la brevedad a solicitar, ya sea una orden de aprehensión o la formulación de imputación ante un juez de control.