Procedimiento no garantiza la capacidad de los juzgadores ni los deslinda de vínculos con diputados, señalan.

El proceso para asignar diez magistraturas es deficiente y opaco, lo que pone en riesgo la impartición de justicia, aseguró el codirector del Centro de Investigaciones "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez.

A un día de que cierre el registro de aspirantes ante el Órgano Político Calificador del Congreso local, el  investigador señaló que los legisladores se encuentran nuevamente en un conflicto de interés, pues el proceso de designación de los 10 magistrados de origen ha sido opaco y no garantiza que las personas que sean nombradas tengan los méritos y la capacidad para desempeñarse en dicho cargo y no hay garantía de que tampoco tengan alguna relación partidista o política con los mismos diputados.

Subrayó que las convocatorias publicadas para dichos nombramientos no especifican plazos para el desahogo de todo el proceso, así como tampoco garantizan la publicidad de los currículos de los aspirantes y de las comparecencias que deberán de rendir ante el Órgano Político Calificador, que es el encargado del desahogo de dichas designaciones.

Además, dijo que a la hora de concretar dichos nombramientos ante el Pleno del Congreso, el voto de los legisladores será en secreto, cuando en otras entidades se ha modificado la ley para terminar con dicha opacidad.

"En general es un proceso opaco, cerrado, que no permitirá la participación de la academia, de la sociedad civil, que pudiera dar opiniones y comentar y, entonces, están empeñando o acaparando la justicia para los próximos 14 años, dado que esas designaciones podrían convertirse en decisiones partidistas o políticas, afectando así la impartición de justicia para los morelenses", aseveró.

Recordó que en el 2022 17 legisladores se comprometieron a impulsar reformas para garantizar la transparencia en dichos nombramientos, la cual no se cumplió.