En septiembre pasado, la fiscalía anticorrupción ejecutó una orden de aprehensión en contra del fiscal estatal, Uriel Carmona, por el presunto delito de tortura en grado de coautoría.
Trabajadores de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) denunciaron ser víctimas de una venganza del fiscal estatal, quien “cortó” las ministraciones para el pago de salarios y prestaciones del personal, luego de que el 13 de septiembre la FECC ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de tortura en grado de coautoría.
Junto con el vicefiscal y encargado de despacho de la FECC, Edgar Núñez Urquiza, el personal realizó una manifestación en la sede la fiscalía anticorrupción para denunciar que desde el mes de septiembre no recibe el pago de salarios y prestaciones, incluyendo seguridad social.
“Sí estamos sufriendo las consecuencias de una persecución por parte del fiscal general, en razón de que nos está reteniendo el salario desde el mes de septiembre y ante esa situación obviamente nos ha afectado enormemente”, explicó Nadia Figueroa Castro, fiscal de Delitos Diversos de la FECC.
“Eso atenta contra nuestros derechos laborales y humanos, porque hay una violación a los derechos humanos que es el trabajo, el tener una vida digna y servicios de salud, porque también ya nos negaron el derecho a tener atención médica, ya en el IMSS ya no somos derechohabientes y esa negativa del servicio médico nos está afectando”, destacó y puso como ejemplo su caso, en el que el seguro social le negó el servicio a su hija, quien recientemente enfermó gravemente de dengue.
El personal manifestó que, además de suspender el pago de sus salarios y prestaciones, la FGE amedrenta y presiona a los trabajadores de la fiscalía anticorrupción para que renuncien a sus cargos, razón por la cual ya promovieron juicios de amparo.
El fiscal Núñez Urquiza fijó una postura moderada y pidió al fiscal estatal Uriel Carmona, no afectar al personal de la fiscalía anticorrupción, tras los recientes acontecimientos.
“Yo no podría señalar que hay una venganza, porque hablar de venganza es ir en contra de la paz y nosotros queremos paz, pero vamos a tomar las acciones legales respectivas. No quiero señalar a nadie, pero le pido de favor al fiscal general brinde sus atenciones respectivas y ordene a quien corresponda, reactive de forma legal al personal de la FECC.
“Nosotros no nos vamos a detener y no nos vamos a doblar ni vamos a ceder, porque la sociedad así los requiere y somos hombres y mujeres que hemos trabajado constantemente y tenemos una proyección. Aquí hay gente que lleva 22 años de carrera ministerial, yo llevo 15 años y hay gente que empezaba.
“No puedo hablar de una venganza porque no quiero calificar, quiero paz, pero es increíble lo que está pasando, es insoportable, insostenible y necesario tomar autoridad y tomar las acciones necesarias”, subrayó.
Al cierre de edición, la FGE guardaba total hermetismo sobre lo denunciado por el personal de la fiscalía anticorrupción.
Desde hace más de un mes, la FECC atraviesa por un fuerte crisis jurídica y política motivada, en primer lugar, por la orden de aprehensión que ejecutó en contra el fiscal estatal, Uriel Carmona, la noche del 13 de septiembre por la presunta comisión del delito de tortura, en grado de coautoría en agravio de una personas identificada como Luis Alberto, alias “El Diablo”.
Simultáneamente, el titular de la fiscalía anticorrupción, Juan Salazar Núñez, presentaba su “licencia” al cargo para competir por una magistratura y, horas más tarde, su supuesta renuncia definitiva al cargo.
En medio de conflicto jurídico penal que enfrentaba Carmona Gándara, el fiscal metropolitano de la FGE tomó el control de la fiscalía anticorrupción al designar a Isaías Rodríguez como titular de esta institución y destituyó a varios funcionarios. Días después, el vicefiscal de la FECC Edgar Núñez Urquiza obtuvo una suspensión de un juzgado federal para continuar en sus funciones y como encargado de despacho de esta fiscalía. La orden federal se ejecutó con un enorme operativo policial, apoyado por la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano.
Derivado de que diversos tribunales colegiados concedieron la protección de la justicia federal para enfrentar en libertad sus cuatro procesos penales (tres por el caso de la muerte de la joven Ariadna Fernanda y una por la presunta tortura de “El Diablo), el fiscal Uriel Carmona, logró salir del penal de máxima seguridad del Altiplano, retomar sus funciones y, a decir de los trabajadores afectados, tomar acciones en contra del personal de la FECC.
