Por motivos de salud y tras renunciar a la FGE.

Por motivos de salud y tras renunciar al cargo de coordinador de Administración de la Fiscalía General del Estado (FGE), Homero Fuentes Ayala enfrentará enl libertad su proceso penal, luego de que su defensa legal solicitó de urgencia al juez la sustitución de la medida cautelar.

Danae Velázquez Luna, ex secretaria ejecutiva de la FGE y actual abogada defensora de Fuentes Ayala, mediante audiencia telemática pidió al juez Alejandro Linares Villalba modificar la prisión preventiva justificada por una medida alterna, al existir una causa médica –la cual fue reservada- y al presentar el documento de renuncia al cargo que ejercía en la FGE hasta el pasado 31 de octubre, cuando fue detenido.

Ante los argumentos de la defensa, el juzgador concedió el cambio de la medida cautelar y ordenó la libertad del ahora ex funcionario, quien estuvo 36 días privado de su libertad en el centro penitenciario de Atlacholoaya.

Como parte de las medidas alternas impuestas por el juez, Fuentes Ayala deberá entregar su pasaporte para no salir del país; deberá acudir a firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA); no podrá acercarse a las instalaciones de la FGE y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ni reintegrarse como funcionario de la fiscalía estatal hasta que culmine el proceso penal.

De acuerdo con las imputaciones de la FECC, el otrora coordinador Administrativo de la FGE, habría validado a Isaías Rodríguez Moreno como nuevo fiscal anticorrupción, sin que éste cumpliera con la experiencia y los requisitos que exige el artículo 77 la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, tales como contar con experiencia en materia penal o procesal penal de al menos cinco años, de los cuales al menos uno en materia de delitos de corrupción.

También fue señalado de incumplir con sus funciones públicas al incidir para que Isaías Rodríguez se desistiera de la acusación contra el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, quien finalmente fue imputado y sujeto a proceso por un juez de control local por el presunto delito de tortura, en grado de coautoría.

De igual forma, fue señalado de presuntamente coaligarse con otros servidores públicos para evitar que el fiscal estatal fuese imputado, realizando diversas acciones que atentaron contra la autonomía y el trabajo del órgano anticorrupción.