Organizaciones señalan un escaso avance en las medidas de prevención y erradicación de la violencia de género en la entidad.

En vísperas de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Comisión Independiente de Derechos Humanos reclamó nuevamente que, a nueve años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), las autoridades municipales y estatales han incumplido las recomendaciones que se hicieron desde 2015 para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Las activistas Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz, acompañadas de la investigadora Mercedes Pedrero y mujeres sindicalistas del IMTA, dieron a conocer que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) -responsable de evaluar la aplicación las recomendaciones de la AVG- enviaron al Poder Ejecutivo estatal un informe sobre el escaso avance en las medidas de prevención y erradicación de la violencia de género.

“En este amplio documento el GIM también reconoce el trabajo realizado por las instituciones estatales y municipales durante el período de 2020 y 2021 que se analizó, pero concluye que falta implementar y fortalecer acciones, así como impulsar iniciativas que permanezcan con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia de niñas, adolescentes y mujeres. Ante tal situación, emitió una serie de recomendaciones de acciones puntuales”, comentó García Quintanilla.

Debido a que ninguna de las 15 recomendaciones emitidas hace nueve años dentro de la AVG ha sido cumplida, señaló que mismo GIM pidió a las autoridades estatales y municipales implementar acciones puntuales para que la AVG avance y logre su objetivo.

Entre las acciones recomendadas destacan: fortalecer la coordinación con todas las dependencias obligadas de proporcionar información; sistematizar la información e incorporar evidencias de las acciones de los municipios con AVG; dotar de personal suficiente a los módulos especializados con personal de psicología, medicina, trabajo social y atención jurídica; implementar un mecanismo de registro, seguimiento y evaluación de un plan de trabajo para ejecutar las acciones.

Además, generar un mecanismo de evaluación de las capacitaciones a servidoras públicas; crear la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios dentro de la fiscalía estatal; analizar las acciones u omisiones de las responsables de los procedimientos y valuar el cumplimiento de sus obligaciones; implementar el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en casos de muertes violentas de mujeres; y estructurar y gestionar el programa de Acciones estratégicas, como lo establece el artículo 25 de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exigió a las autoridades estatales y municipales atender las recomendaciones del GIM, “para evitar que la simulación y la falta de compromiso durante estos años siga ocasionando el incremento de la violencia feminicida”.