Familias denuncian ilegalidad y violación de garantías.

Esposas de internos que fueron reubicados en penales de otras entidades pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraer la queja iniciada ante el organismo local contra el traslado injustificado y la reiterada violación de las garantías, tanto de las personas privadas de la libertad como la de sus familias.

Esta vez se manifestaron en el zócalo de Cuernavaca para denunciar que, a 19 días de la sorpresiva reubicación de internos a penales de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y Durango, ni las autoridades penitenciarias les han dado una explicación sobre la medida y las condiciones en que se encuentran los internos, ni los jueces de control han atendido las peticiones de audiencia de revisar si fue o no apegado el derecho el traslado.

Indicaron que hace unos días acudieron a la CNDH, en la Ciudad de México, para solicitar su apoyo y atracción de la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, así como agilidad en el proceso para obtener información sobre las condiciones físicas y anímicas en que se encuentran los internos.

“Ellos desconocen totalmente su situación jurídica, la situación del por qué están ahí, cuánto tiempo van a estar ahí, la incomunicación. Todas estas situaciones comienzan a mermar en la salud física y mental de las personas trasladadas”, dijo una de las esposas, en protesta.

Expresaron que el motivo de los traslados no fue la “gobernabilidad penitenciaria”, sino que se trató de un acto de corrupción, porque hubo quienes pedían fuertes cantidades de dinero con la amenaza de traslado a penales en otras entidades.

“Todos conocemos a nuestro familiar y sabemos lo que tenemos. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos den el motivo del por qué los trasladaron. Yo puedo decir que mi familiar no estuvo en ningún intento de fuga, ni ocasionó que motivara este traslado, pero es la corrupción que se maneja en el CERESO de Atlacholoaya”, dijo otra mujer.

Las inconformes denunciaron también que el personal penitenciario suele exigirles cuotas para poder ingresar como visita los centros de reinserción social y regularmente amenazan a los internos con reubicarlos, por lo que les piden cantidades que van de 20 mil hasta 50 mil pesos.

Agregaron que esta situación también golpeó emocional y económicamente a las familias, ante la impotencia y la imposibilidad de poder contratar abogados y mucho menos para costear las visitas a penales de otras entidades.