Así concluye el informe del 22 de febrero de 1991, que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el cual establece: “De allí que la Comisión considere que en caso N 10.180 la Ley Electoral de Nuevo León no cumple a cabalidad con la protección efectiva del ejercicio de los derechos políticos ni brinda un recurso sencillo, rápido y efectivo ante tribunales independientes e imparciales y por ello debe ser adecuada a los requerimientos de la Convención Americana. El Gobierno de México, de conformidad con los Artículos 2 y 28.2 de la Convención debe adoptar de inmediato las medidas tendientes a lograr la adecuación”.

Esta denuncia que presentaron los diputados locales panistas Eduardo Arias Aparicio, Luis Santos de la Garza, María Teresa García de Madero y Miguel Gómez Guerrero, quienes señalaron que la ley electoral aprobada para aquella entidad vulneraba el ejercicio de los derechos políticos reconocidos por el artículo 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos, provocó que en 1996 el gobierno de Ernesto Zedillo impulsara la reforma que concedió autonomía y ciudadanizó al Instituto Federal Electoral luego de un proceso que demandaba el cumplir y respetar los derechos humanos que incluían los derechos políticos en sintonía con lo acordado en 1981 por el Senado de la República y decretado por parte del Presidente de la república el 2 de marzo de ese año.

Entre los alegatos incluidos en el documento, destaca la expresión del gobierno al señalar que: “A nadie puede escapar que, en el fondo de esta denuncia, yace un tema, el de la llamada desigualdad de participación que constituye un punto fundamental de la reforma político-electoral que ha emprendido en México el Presidente Carlos Salinas de Gortari. Los mexicanos cifran enormes esperanzas en este intenso proceso nacional, de revisión de la legislación electoral. En ese sentido, el gobierno de México cuenta con la seguridad de que la Comisión, por la naturaleza misma de sus funciones, no desea ver ese proceso entorpecido, ni permitir que se le utilice políticamente para vulnerar los objetivos del mismo, que sin duda comparte”.

Terminan los reclamantes señalando que la vigencia de los derechos políticos en México en el marco de un sistema legal que garantice su ejercicio no sólo es una obligación jurídica del Estado mexicano sino también una necesidad puesta de manifiesto por el propio presidente, licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien en su discurso al asumir el cargo manifestó que: “Mi gobierno será de apertura en nuestra vida democrática. Para ello propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actores políticos, comenzando por el propio gobierno. Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa inquietud ciudadana. Garanticemos a todos que su fuerza política, cabalmente medida en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas las partes. Nos urgen confianza, apertura y aceptación a los otros”.

Morelos fue uno de los primeros estados donde se realizaron las modificaciones legales necesarias; así que se hicieron aquí las primeras elecciones sancionadas por ciudadanos y sin la intromisión del gobierno.

CRONOLOGÍA ELECTORAL

Desde el inicio del México independiente, la organización de las elecciones estaba a cargo de los alcaldes y los jefes políticos locales y regionales quienes imponían a discreción las prácticas y las reglas propias. En 1946, se federalizó la estructura electoral con la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el secretario de Gobernación, otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia. Al tiempo se crearon las comisiones locales electorales y el consejo del padrón electoral.

En 1951, esta comisión sancionó el registro de nuevos partidos y emitió las constancias de mayoría. En 1973, se creó la Comisión Federal Electoral en la que tenían voz y voto todos los partidos políticos y se volvió autónomo el Registro Nacional de Electores.

La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales se expidió en 1977, con lo que se permitió la participación en igualdad de condiciones de los partidos políticos registrados (bajo la figura de condicionado o definitivo). La Comisión quedó integrada por el secretario de Gobernación, un representante por una de las Cámaras legislativas, un representante de cada partido y un notario público.

En 1987, se realizó una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral. De esta forma, para organizar las elecciones de 1988 (primera jornada en la que se documenta la derrota del PRI en Morelos), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contaba con 16 representantes, en tanto que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo junto con los demás partidos políticos sumaban 15 asientos en la Comisión Federal Electoral.

Dos años después, en 1989, tras los cuestionados comicios del año anterior (1988), se emprendió una nueva reforma a la Constitución.

Para agosto del año siguiente, se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, misma que, sin embargo, estaba sujeta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo ya que el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos Poderes con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.

El 11 de octubre de 1990, surge el Instituto Federal Electoral como la máxima autoridad electoral nacional; fue instituido con la finalidad de proporcionar una respuesta a las diversas exigencias ciudadanas en ese momento de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales que se celebraban en el territorio nacional.

El IFE ha transitado por cuatro reformas que han modificado sus atribuciones y funcionamiento, todas ellas realizadas desde la óptica que en cada una han logrado imponer los partidos políticos y sus burocracias. En Morelos, cada proceso se adaptó a las condiciones locales. En 1993, se le facultó para declarar la validez y expedir las constancias para diputados y senadores, así como establecer los topes de los gastos de campaña. En 1994, se incrementó el peso y la influencia de los consejeros ciudadanos en la toma de decisiones de los órganos de dirección. En 1997, se consolidó la autonomía e independencia al desligarse por completo del Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos.

Ésta fue la reforma más importante, y así la describe y reconoce el propio IFE.

La presión ejercida en los foros internacionales por parte de los diputados panistas de Nuevo León confirma la expresión de los analistas políticos que han asegurado que durante las siete décadas que gobernó el PRI, los avances en la obtención de los derechos políticos de los mexicanos fueron consecuencia de presiones internas y externas; cada reforma descrita corresponde a exigencias y movimientos sociales de cada momento. Así se explica la expresión de que las verdaderas elecciones se dieron a partir de 1997.

LA LEGÍTIMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Es en la elección de hace 15 años cuando surgen las expresiones de hartazgo social reconocidas como con el voto nulo, el ausentismo en las urnas, el voto indeciso y el voto diferenciado contra la conducta de los empleados gubernamentales electos y sus partidos políticos, luego de que logran acumular el número de votos indispensable para que legalmente se les considere como “triunfadores de una elección”.

En Morelos, fue en Marzo cuando la sociedad confirmó lo que en la etapa previa no se permitía publicar en los periódicos y medios de comunicación de la época, que el PRI no era el partido de las mayorías, el único capaz de triunfar en todos los procesos electorales, a tres años de haber importante destacar el dato anterior, ya que las únicas elecciones verdaderas en nuestro país se dieron posteriormente a esa fecha y todo lo que se llevó a cabo anteriormente fueron designaciones presidenciales encubiertas.

Es elemental revisar las tendencias de las dos elecciones presidenciales previas, la de 2000 y la de 2006, que fueron sancionadas por autoridades ciudadanas para reconocer la importancia que tienen, aquellas expresiones que se manifiestan al margen del cumplimiento en torno al mandato constitucional del “sufragio efectivo”.

Antes de la elección del 2000, el PRI era primera fuerza; el PAN, segunda, y el PRD, tercera. En esa ocasión, Vicente Fox Quesada, como segundo lugar, llegó al poder con el apoyo y voto indeciso de la tercera fuerza que, al verse lejos de la meta, se sumó al PAN para evitar que el PRI se perpetuara en el poder.

En Morelos, las preferencias electorales fueron en las urnas federales en las casillas de presidente las siguientes: PAN, 290 mil votos; PRI, 193 mil votos; PRD, 124 mil. En las locales y para gobernador: PAN, 338 mil votos, PRI, 170 mil votos; PRD, 78 mil votos. El padrón era de 980 mil votantes y accedieron a las urnas 617 mil; la participación fue del 65 por ciento.

La más concurrida desde 1997 hasta el 2009. La expectativa de poder desde la sociedad determinar finalmente quién sería el Presidente de México y así romper una tradición hegemónica de 7 décadas, la esperanza de un cambio de fondo en el Poder Ejecutivo que vieron los electores luego del pluripartidismo implantado en el Poder Legislativo, es una de las causas de esa elevada participación. En aquella elección, aparecieron a nivel nacional las encuestas y los análisis de las tendencias de voto desde las precampañas, que determinaban en un principio las altas posibilidades de triunfo del PRI y que finalmente y semanas antes del dos de julio, advirtieron que el PAN podía obtener más votos.

Ahí también se confirmó que los ciudadanos estaban desarrollando la capacidad de votar de manera diferenciada. Por ello, por ejemplo, en Morelos el candidato a gobernador recibió 50 mil votos más que el aspirante a presidente de la república. En aquel momento se realizó la primera elección concurrente en la entidad, lo que motivó a las autoridades electorales federales y estatales, a los candidatos a los 6 puestos de elección popular registrados por 11 partidos políticos, 4 de los cuales fueron en alianza, a los medios de comunicación y a la sociedad a desarrollar la capacidad de decidir en una misma jornada la sustitución integral de autoridades.

En la casillas locales, estaban las boletas para designar gobernador, diputado local y presidente municipal; en las casillas federales, estaban las papeletas para elegir presidente de la república, fórmula de senadores y diputados federales. A estas posiciones se agrega la acumulación de sufragios para integrar a los regidores en los municipios, a los legisladores locales plurinominales, a los diputados federales de representación proporcional y a los senadores de primera minoría.

Desde entonces, se han desarrollado diversas teorías buscando conocer cuál será la tendencia mayoritaria de los votantes que no se ubican en la estructura conocida como “voto duro” y que los propios partidos definen como su votación mínima para la siguiente jornada electoral. Existen infinidad de propuestas, todas ellas puestas en práctica y señaladas públicamente en diversos momentos por cada uno de los partidos.

LAS CIFRAS Y RESULTADOS

En Morelos, las tres principales fuerzas nacionales han logrado en algún proceso el mayor número de sufragios: en 1997, en la local fue el PRI con 164 mil sufragios que logró el 34 por ciento de los votos emitidos que fueron 486 mil de un padrón de 900 mil, es decir, lo apoyó casi el 20 por ciento de los posibles votantes. El 80 por ciento restante se integra del 45 por ciento de los que no votaron y el 35 por ciento de los que votaron por otra propuesta diferente. En la elección federal, el PRD fue la primera fuerza con 176 mil votos, el 35 por ciento de los que sufragaron y casi el 20 por ciento del padrón. La falta de interés y la animadversión de los votantes son similares a las que logró el PRI en marzo anterior.

En el 2000, por primera ocasión, la votación mayor es para Acción Nacional. La jornada fue concurrente y el resultado se obtuvo en cascada en las urnas federales y estatales. En el 2003, el PAN fue mayoría con 149 mil votos en la elección federal y 145 mil votos en la local.

En el 2006, se confirmó la posibilidad del voto diferenciado en las casillas federales. El PRD triunfó en la elección presidencial con 312 mil votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, la fórmula de senadores Graco Ramírez y Noé Sánchez Cruz quedó en segundo lugar con 212 mil votos contra 216 mil del PAN y sólo llegó al Senado el primer lugar de la fórmula, y en la elección de diputados federales sólo lograron triunfar en el tercer distrito. En la elección local, el PAN obtuvo 246 mil sufragios en las urnas para gobernador y el PRD 165 mil; en el Congreso local, 9 distritos son para el PRD y 9 para el PAN. Cada organización consiguió el 32 por ciento del total de sufragios emitidos, aproximadamente 220 mil, y en los municipios cada partido logró 210 mil votos.

La elección del 2009 provocó una participación limitada del 50 por ciento del padrón. El PRI alcanzó el 30 por ciento de los sufragios emitidos; el PAN, el 23 por ciento, y el PRD, el 17 por ciento. Las cifras son similares en la urna para diputado federal y en las locales para alcaldes y legisladores; la distribución del voto es similar en cada distrito y municipios, lo que otorga al PRI “carro completo” en las 5 diputaciones federales y es la primera vez que esta condición se da desde 1994. En lo local, obtuvo 15 de los 18 distritos y el PRI logró el mayor número de municipios.

Este resultado es el que están tomando como referente todos los partidos políticos, y desde aquel primer domingo de julio de 2009, han realizado diversas acciones tendientes a lograr en el PRI mantener la diferencia, el PAN y el PRD a mover la intención de voto para incrementar sus expectativas, lo que ha provocado la búsqueda desde hoy de captar el voto de los indecisos, cifra que algunos ubican como cercana al 40 por ciento del porcentaje de intención de voto.

EL VOTO INDECISO

En el autoritarismo hay incertidumbre en las reglas y certidumbre en el resultado; en la democracia hay certidumbre en las reglas pero incertidumbre en el resultado, señala Francisco Valdez Ugalde, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, al referirse a las “paradojas de la incertidumbre”, en donde asegura que las intenciones del voto para 2012 son móviles, aún no hay candidatos postulados por los partidos ni las elecciones están cerca.

“Dos enseñanzas de la incertidumbre: a medida que se acercan los comicios importantes en una comunidad o un estado, la decisión de votar y de por quién hacerlo va subiendo en la escala de preocupaciones de los electores, y acontecimientos imprevistos, internos o externos al proceso político mismo pueden modificar súbita o pausadamente la decisión del ciudadano”.

El investigador también considera que no hay nada fatal, que la fatalidad proviene del rastro autoritario de la cultura política que atribuye el futuro a fuerzas ocultas, que las hay de sobra, y asegura que “el sufragio hace la diferencia”. La idea de la incertidumbre en los resultados es nueva en México; llegó en los noventa y se ha arraigado. En este lapso ha llegado una nueva generación de votantes y participantes de la vida pública, que se contrapone a la creencia fatalista de quienes conocieron el autoritarismo, lo que puede reflejarse en el actual distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad.

Unos insisten en convencer a toda la ciudadanía en “abrazar sus ideas”, en tanto que en la democracia es un despropósito descomunal y una semilla de autoritarismo.

Añade: “El compromiso de la clase política no ha sido completado la protección del antiguo régimen que hizo posible el presidencialismo del partido hegemónico sigue habitando en el entramado regulatorio (constitucional y legal) del Estado. La convicción del cambio parece ser minoritaria, aunque cuente con el apoyo de fuerzas tan poderosas como la Presidencia y el Senado. Sin embargo, la mayor parte de los gobernadores se oponen a ese cambio, no les es grato acotar su poder y someterse a la rendición de cuentas. Hoy nuestro sistema político se ubica en un espacio desde donde se permite que voten los ciudadanos pero ‘no muy profundamente no sea que arrebaten el poder’”.

En esta incertidumbre sobre el resultado de la elección, se encuentra la justificación de todos los partidos políticos y de sus candidatos por iniciar desde ahora la búsqueda, ubicación, control y compromiso a cualquier precio de los votos indecisos que según se reconoce son cercanos al 40 por ciento de los votos que se emitirán en el 2012, cuando se espera una participación inferior al 50 por ciento del total del padrón como consecuencia del desencanto que hoy existe contra los partidos políticos y los candidatos, en una sociedad donde ya se le considera a la democracia como “contraria a la necesidad de implementar medidas que impulsen la económica y la seguridad social y jurídica”.

La búsqueda del supuesto voto indeciso por parte de los partidos incluye la reconstrucción del voto corporativo a través de otorgar beneficios ilegales pero “legítimos” a ciertos sectores de la sociedad. Un ejemplo es la redistribución de espacios para el comercio informal en ciudades importantes del interior del país y en el propio Distrito Federal; con ello buscan conservar la simpatía de las familias que se benefician de esta actividad. Otro sector que, aseguran especialistas en temas de seguridad, es sensible a la comercialización de su voto son las áreas rurales, en donde el narcotráfico realiza labores de siembra y cultivo de sustancias ilegales, de ahí impulsan autoridades municipales que “disimulen” ante sus actividades.

En el cierre del proceso electoral, un recurso para determinar la tendencia del voto indeciso es repetir la convocatoria que en 2000 realizaron los promotores del PAN entre los simpatizantes de los partidos de izquierda: impulsaron el voto útil que lograra sacar al PRI de Los Pinos como un primer paso rumbo a la democracia, ofertando las expectativas de que en la próxima ellos podrían lograr ese voto.

Esta convocatoria la realizaron utilizando y difundiendo los resultados de ciertas encuestas en donde se señalaba que en el trayecto final la contienda estaba entre el PRI y el PAN, por el rezago electoral del PRD.

LAS ENCUESTAS

La realización, interpretación y utilización de las encuestas y sus resultados se ha convertido en una industria nacional. Existen un importante número de empresas serias cuyos resultados son reconocidos por quienes están involucrados en los procesos electorales desde cualquier punto, al tiempo que ha surgido un importante número de “asesores” que han provocado fracasos cuando son contratados por partidos y candidatos.

En Morelos, existen experiencias al respecto. Hay que recordar el señalamiento que realizó Fernando Martínez Cué sobre José Luis Correa Villanueva y Armando Ramírez Saldívar, porque aseguró que le entregaron una encuesta apócrifa que pretendían que distribuyera para influir en el ánimo de los electores cuando fue candidato a la gubernatura por el PRD en el 2006.

La empresa Consulta Mitofsky publica en su encuesta de julio que la sociedad no confía en los diputados, los senadores, los policías, los sindicatos y los partidos políticos, y tiene mayor confianza en las universidades, la iglesia, el ejército, los medios de comunicación y los empresarios. El 72 por ciento de los encuestados considera que la situación política del país está peor que antes.

En cuanto a la opinión que tienen de los partidos políticos, el PRI tiene 18 puntos a favor, el PAN tiene menos 3.1, el PRD menos 11.1, y así hasta llegar al Panal y el PT que son los que más rechazo acumulan, con más de 20 puntos. Según ese documento, el PRI tiene una simpatía sin candidato del 37 por ciento; el PAN, del 19 por ciento, y el PRD, del 15 por ciento.

Por su parte, la empresa Parametría señala en una encuesta realizada entre el 14 y el 28 de junio en 400 hogares de Morelos que si hoy fueran las elecciones de presidente de la república, el PAN tendría el 15 por ciento de los votos; el PRI, el 35 por ciento, y el PRD, el 11 por ciento. No contestó la pregunta el 29 por ciento. El resto está divido entre los otros partidos. El cuatro por ciento dijo que por ninguno y el uno por ciento que no sabe. También realizó un ejercicio en donde establece 2 alianzas, una integrada por el PAN-PRD-PT y Convergencia que lograría el 24 por ciento y otra conformada por el PRI-PVEM-Panal que obtendría el 37 por ciento, y no contestó el 33 por ciento.

Éstas son parte de las cifras con las que en “los cuartos de guerra” de precandidatos y de partidos trabajan “desarrollando proyectos” para iniciar la captación de los votos indecisos. Hasta el momento, ningún instituto político advierte públicamente estar realizando algún proyecto para cumplir ese probable objetivo. Sin embargo, ya hay quejas por la insistente recepción de llamadas telefónicas difundiendo logros de los gobiernos, federal, estatal y municipal, hartazgo por el abuso en la utilización de los espacios públicos a través de espectaculares, pendones, gallardetes, lonas y traseros de camiones, promocionando con cualquier pretexto a los precandidatos y a sus organizaciones.

Existe una prohibición legal para la utilización del radio y la televisión con objetivos electorales, sobre todo invitando a votar por alguna organización o candidato. Sin embargo, las campañas llevan implícito el mensaje de que “Estamos cumpliendo, esperamos seguir contando con tu confianza”, utilizando esquemas similares a los de las agencias que publicitan perfumes, jabones, lencería y detergentes.

RUMBO AL LODAZAL

En julio de 2010, se cumplieron 10 años de la elección del 2000, lo que provocó la búsqueda de puntos de vista hoy vigentes sobre la situación que guarda la democracia en México. El presidente del IFE de aquel proceso, José Woldenberg, aseguró que el gran pendiente es la falta de avances en el bienestar social, lo que genera un deterioro en el aprecio por las instituciones democráticas y se convierte en un riesgo social y político que debe ser atendido con urgencia; las bajas calificaciones de los partidos políticos, parlamentos. El mal humor público que hay con relación a la política tiene que ver con la economía que no ha crecido con suficiencia porque no se han generado empleos formales, porque crece la informalidad, porque millones de jóvenes se van a Estados Unidos y porque millones no tienen empleo ni educación.

Francisco Labastida Ochoa, primer candidato priista en perder la Presidencia de la república, señaló que en el 2000 creyó que la alternancia sería positiva y destaca entre sus ventajas el que la población exija y esté informada; hoy, afirma que se desaprovechó la oportunidad de un cambio. Considera que su partido debe regresar a Los Pinos, renovado con la experiencia de haber aprendido desde la oposición.

Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial del PRD en aquel proceso e impulsor de las reformas democráticas, afirma que el PAN y el PRI compartieron proyecto político y económico desde 1988; por ello, la alternancia se quedó en un cambio de partido y de personas; las políticas públicas, el modelo económico y la manera de hacer política son las mismas de siempre. Estima que el cambio en el mapa electoral es un indicador de que la alternancia no cumplió con las expectativas sociales, los votantes están considerando no repetir la equivocación que sienten que cometieron con su voto.

La inseguridad, la complejidad económica, la impunidad, el cinismo, la corrupción y la perspectiva de mejorar en lo individual aun sobre el interés colectivo influirán en el ánimo de los indecisos y moverán las encuestas. Según el investigador Sergio Aguayo Quezada, en 2010 las elecciones se ensuciaron con lodo y sangre 10 años después de que se festejó la culminación del proceso de transición.