Buscan integrar el jueves las comisiones legislativas.
Diputados locales se pusieron como plazo este próximo jueves para la integración de las comisiones legislativas a casi un mes de que rindieran protesta del cargo, a fin de que puedan aprobar como primer asunto la nueva Ley Orgánica del Congreso del estado y cumplan, el próximo 1 de octubre, con la toma de protesta de la gobernadora electa, Margarita González Saravia.
El Congreso del estado nuevamente se encuentra fracturado por dos grupos de legisladores, que son el G-12, integrado por los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; y el G-8, que encabeza el Partido Acción Nacional (PAN), con sus aliados el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y el Revolucionario Institucional (PRI).
Ambos grupos se han disputado en las últimas semanas órganos como las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social e, incluso, la Coordinación de Comunicación Social, sin que a la fecha hayan logrado acuerdos definitivos.
Al respecto, el coordinador de la bancada panista, Daniel Martínez Terrazas, aseguró que han logrado acuerdos en la integración de la mayoría de las comisiones, sin embargo, reconoció que existen aún diferencias.
Sostuvo que a más tardar este miércoles, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) sesionará por tercera vez en este primer periodo ordinario de sesiones de la LVI Legislatura, a fin de generar un acuerdo definitivo con respecto a la distribución de las comisiones legislativas.
Aseguró que inmediatamente después atenderán la creación de la nueva Ley de la Administración Pública estatal, que propuso la gobernadora electa, Margarita González Saravia, a fin de que esté lista antes del primero de octubre.
No obstante, reconoció que el PAN y sus aliados han hecho observaciones a la propuesta y están en espera de que se atiendan para que puedan aprobar la nueva legislación, así como otras reformas a las leyes secundarias propuestas.
Indicó que las observaciones hechas tienen que ver con lo que sería la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y con el nombramiento del próximo secretario.
"Es un tema que queremos poner en la mesa porque en la iniciativa marca que en la nueva ley no venga nada sobre la residencia o la oriundez del nuevo secretario, pero en la Constitución lo determina, entonces lo que queremos es que la nueva ley esté ligado con principios constitucionales que ya están marcados. Nosotros queremos que no haya ninguna limitante en la Constitución, no sólo para el nuevo titular de esa secretaría, sino para muchos otros titulares", mencionó.
