Este acuerdo, según se informó, facilitará la incorporación del Consejo a las actividades enfocadas a propiciar una mayor aplicación de la “Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador”.
La plataforma facilitará el acceso a información, vital para la toma de decisiones en materia de inversión en lo laboral, en la asignación de licitaciones y las ofertas gubernamentales en materia de compras, además de que las organizaciones empresariales podrían incorporarse al programa “Adopta una UDI´s”, puntualizó Zavala Zúñiga.
En el marco del desayuno mensual del CCE, Salgado Ponce advirtió que el sector empresarial vigilará las acciones de los 124 entidades obligadas (incluidos los ocho partidos políticos) y sobretodo de los gobiernos municipal y estatal ante la cercanía de la conclusión de las administraciones.
“Este tipo de acciones nos permitirán vigilar muy de cerca que se mantenga la legalidad y la transparencia en las instituciones, sobre todo ante el cambio de administraciones estatales y municipales. Y creo que tenemos la gran ventaja de –este último año de la administración- prepararnos y capacitarnos para que los nuevos gobiernos estén concientes de la importancia de un manejo transparente de los gobiernos”, señaló.
El coordinador de los diputados federales del PRI Morelos en la Cámara de Diputados, Jaime Sánchez Vélez, acudió con los empresarios y estableció una serie de acuerdos tendientes a mejorar las condiciones de desarrollo de los industriales y, de manera especial, del sector del turismo local, que es una de las comisiones que tiene dentro del Congreso de la Unión.
El legislador priista se comprometió a llevar a la Cámara de Diputados federal la discusión sobre temas que han afectado a los empresarios morelenses como la ley antitabaco, la creación del Club de Fumadores y el elevar al rango constitucional el tema del turismo.
Asimismo pactó la incorporación del organismo cúpula local en la conformación del Consejo para el Seguimiento de las Tarifas Eléctricas y el impulso de una propuesta que modifique la ley del servicio de la energía eléctrica, a fin de que las tarifas por este servicio sean más razonables para el sector y los usuarios en general.