Agota Secretaría de la Contraloría proceso de entrega-recepción.
Será hasta mediados de enero cuando se inicien denuncias en caso de contar con indicios claros sobre irregularidades en el proceso de entrega-recepción, sobre el actuar de funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sostuvo el consejero jurídico del gobierno del estado, Edgar Maldonado Ceballos.
El abogado del estado dijo desconocer a la fecha cuántas y sobre qué versan las posibles observaciones emitidas por los titulares de cada área. Comentó que hay algunas en las que seguramente se pondrá atención, consideradas como “foco rojo”, pero sólo hizo referencia a la presunta venta de terrenos del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo a precios demasiado bajos a algunos funcionarios.
En entrevista con diversos medios de comunicación, estimó que será hasta mediados de enero cuando inicien las denuncias en aquellos asuntos en los que las irregularidades observadas pudieran ser constitutivas de algún delito.
Explicó que primero se agotará la vía administrativa, y se espera el informe de la Secretaría de la Contraloría para luego analizar los expedientes y decidir si proceden o no a formular alguna actuación de carácter judicial.
Argumentó que se debe esperar el momento adecuado, pues no se atrevería a señalar dónde se han identificado mayores observaciones.
Por otro lado, el consejero jurídico respondió a las declaraciones de magistrados de la Sala Superior de Cuautla respecto a la posible investigación sobre su actuación en la resolución que revierte una sentencia de prisión en contra de dos personas que habían sido señaladas por homicidio, y que fueron puestas en libertad. Como se informó oportunamente, los magistrados demandaron respeto a la autonomía el Poder Judicial, negaron haber incurrido en anomalías o corrupción y reprocharon la mediatización del caso, al sostener que ya existen instancias dentro del propio sistema judicial para evaluar su actuación o, en su caso, revertir su decisión.
Al respecto, Edgar Maldonado dijo que se hizo un análisis respecto a la sentencia ya referida, pero subrayó: “He de ser puntual en que esa sentencia debe ser refutada en dos posibilidades, o dos caminos: las víctimas directas o los ofendidos y por la propia Fiscalía, a través del Ministerio público… la Consejería Jurídica no es parte de ese expediente, entonces, por sí, la Consejería no podría actuar en ese caso”, declaró.
De esta forma expresó de manera tajante lo que había dejado ver en una entrevista previa, en el sentido de que dicha consejería no tiene facultades ni competencia directa.
En lo que se refiere a los retos para el próximo año, el consejero dijo que uno de los temas más importantes para el 2025 será la armonización de la reforma judicial federal. Además anotó las recientes reformas constitucionales respecto a los órganos autónomos.