El recurso fue interpuesto contra autoridades de los tres niveles de gobierno por la desatención de las acciones previstas en la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Morelos.
Un grupo de activistas promovió un juicio de amparo en contra de autoridades de los tres niveles de gobierno por el incumplimiento de las acciones previstas en la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en agosto de 2015, en ocho municipios de Morelos.
De acuerdo con estrados del Poder Judicial de la Federación, las activistas Daniela Jaffet Albarrán Domínguez, María Trinidad Gutiérrez Ramírez y Ariadna Isabel Urbina Ayala, así como la ex diputada local y ex directora del Instituto de la Mujer, Adriana Mújica Murias, y la exregidora María Teresa Domínguez Rivera, promovieron el juicio de garantías 1255/2024, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, en contra de las omisiones de la Comisión Nacional y Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los tres Poderes del Estado de Morelos, el Instituto de la Mujer, la Fiscalía General del Estado, ocho ayuntamientos y el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario responsable del seguimiento a la implementación de la AVG.
Las activistas, quienes para efectos legales del juicio de amparo se asumieron como “personas pertenecientes al grupo en situación de vulnerabilidad denominado mujeres habitantes del territorio que ocupa el Estado de Morelos y ocho municipios” con AVG, plantearon un total de 21 agravios ante el juzgado de distrito.
Entre los actos reclamados a las autoridades de los tres niveles de gobierno destacan las omisiones en hacer del conocimiento público el motivo de la aplicación de la AVG en Morelos; implementar las acciones y medidas preventivas correctivas de atención de seguridad de procuración e impartición de justicia de reparación del daño y legislativas que correspondan; elaborar informes por lo menos cada seis meses sobre avances de las medidas previstas en la AVG; asignar los recursos presupuestales necesarios y suficientes, y dar seguimiento a su ejercicio efectivo; y observar los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información durante la totalidad de las etapas del proceso.
Además de omisiones en el diseño y ejecución de la estrategia para la recuperación de espacios públicos; en la prevención de la violencia mediante medidas seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres; en la creación de módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los ocho municipios que comprende la AVG; en la emisión de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la integración y actualización adecuada del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres; y la falta de asignación de recursos para conformar una unidad especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres.
Otro agravio que plantearon las activistas fue la omisión de imponer sanciones a servidores públicos por la falta de cumplimiento a las acciones previstas en la AVG, a casi diez años de que fue ordenada su implementación en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Xochitepec, Yautepec, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Puente de Ixtla.
