La Secretaría de Gobernación rechazó que el Estado mexicano consienta, permita y ordene la desaparición forzada, ante acusaciones de Comité de la ONU; el gobierno federal tiene compromiso para combatir el flagelo, refiere.

El Gobierno de México respondió a las acusaciones hechas por algunos integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que señalaron que en nuestro país las desapariciones “son sistemáticas o generalizadas”, y debido a la gravedad del tema, podrían llevar el caso a discusión ante la Asamblea General de la ONU.

La Secretaría de Gobernación (SG), a través de una tarjeta informativa, rechazó tales afirmaciones y señaló que el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena las desapariciones.

“El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, indicó. 

En el texto, subrayó que México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia; ha manifestado su compromiso para combatir el flagelo de las desapariciones, además de que ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos.

Aseguró que “en apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”.

El Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como objetivo supervisar que los Estados cumplan con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

En su última sesión, realizada el pasado viernes, concluyeron que con base en el artículo 34 de la Convención, remitiría al Estado Mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país.