Lo anterior, lo confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local Rabindranath Salazar Solorio, quien dijo dichas propuestas serán devueltas a los gobiernos municipales para su corrección, de tal forma que no se afecte la economía de los ciudadanos.

El diputado local dijo que de las iniciativas recibidas por el Congreso del Estado, se encontró que la mayoría de los ayuntamientos elevaron sus márgenes de mínimo y máximo en las tasas de impuestos, ya sea en el cobro del predial y agua.

“Vamos a pedirles que se mantengan las tasas que ya se venían dando y que los márgenes de los cobros del mínimo al máximo no se amplíen tanto porque eso también puede generar corrupción, Se están haciendo ajustes prácticamente en la totalidad de las leyes que están llegando, se les va estar señalando”, declaró Salazar Solorio.

Comentó que sólo se respetarán incrementos que sean justificados, puesto que cualquier cambio en los gravámenes podría prestarse a irregularidades, mal uso de los recursos, ya que el próximo año es el último para las administraciones municipales.

Incumplen gobiernos en aplicación de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental

De igual forma, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dio a conocer que tanto el gobierno estatal como los municipios, han incumplido con la aplicación de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que exigirán cuentas del porqué del retraso en la aplicación de dicho decreto publicado en diciembre del 2008 y que debía aplicarse en el presente año a más tardar.

Dicha ley determina que los gobiernos estatales tienen la obligación de coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad, es decir revisen, reestructuren y compatibilicen modelos contables vigentes, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen. De tal forma que haya mejor aplicación de los recursos y más transparencia.

En este sentido, Salazar Solorio dijo que los gobiernos deberán cumplir con la legislación sin excusa el próximo año.