"Yo creo que lo tendrán que analizar los diputados, revisar cuál es el concepto de conducción temeraria, porque a mí me queda claro que quien conduce es detenido y debe ser sujeto a un proceso penal, pero en muchos casos son castigados", refirió el funcionario estatal.

Ante el registro de dos atropellamientos en menos de dos semanas, los cuales se suman a más de 40 que el director de Transportes dijo que se han presentado en lo que va del año, el funcionario señaló que lo que se debe hacer es trabajar de manera conjunta con la Policía de Tránsito a fin de controlar más a los operadores de rutas y taxis.

Es que sí reconoció que muchos choferes conducen a alta velocidad por ganarse el pasaje o no les ganen los tiempos en el checador, situación que, dijo, la Dirección de Transportes no puede controlar si se considera que en la zona conurbada de Cuernavaca operan más de dos mil rutas.

"Trabajar con policías municipales, establecer una coordinación, porque es muy difícil poner un tránsito en cada una de las rutas. Es un trabajo coordinado. No debemos perder de vista que tenemos dos mil 200 rutas circulando a diario por Cuernavaca y zona conurbada. Es una cantidad importante pero es quien menea el pasaje de toda la zona conurbada", declaró Francisco Alva Meraz.

El director de Transportes insistió en que también la sociedad debe tener más cuidado cuando camine en la calle, atraviese una avenida, puesto que muchas personas no utilizan las zonas peatonales para moverse y esto es causa de muchos accidentes.

"De cada diez una apersona utiliza los puentes peatonales; mejor se atraviesan la carretera para atravesar al Seguro Social, lo cual tampoco es controlado", según declaró el funcionario estatal. Sin embargo, en Plan de Ayala justo en la zona del IMSS no se han registrado atropellos. El último ocurrió en el centro de Cuernavaca, sobre la calle Galeana.

Esta semana, el Congreso del Estado analizará las propuestas de reformas al Código Penal del Estado de Morelos a fin de eliminar el término de "conducción temeraria" y reducir las penas que se imponen a los operadores del transporte público por causar un accidente automovilístico al manejar de manera imprudente.