Ayer viernes se llevó a cabo el primer encuentro entre el comité seccional del SNTE Sección XIX y las autoridades del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en el que ambas partes intercambiaron posturas en torno a su compromiso de trabajo en armonía y respeto y de voluntad para resolver mediante el diálogo cualquier asunto que se presente en el sector educativo, en particular en el gremio magisterial.
Por otra parte, el delegado del CEN del SNTE negó que, tal como lo han advertido líderes de diversos grupos de maestros, el proceso de evaluación y certificación universal de maestros, que se inicia en este ciclo escolar en el nivel de primaria, tenga la finalidad de despedir a los docentes o debilitar a la organización sindical.
“Su aplicación obedece a la necesidad de identificar su grado de competencia y para fortalecer aquellas áreas donde se requiere dotarlo de una mayor capacitación a fin de concretar el propósito de elevar la calidad de la enseñanza con sus alumnos”, expresó al pedir a sus agremiados que no se dejen sorprender por la campaña que han realizado los disidentes en los centros de trabajo.
Cabe recordar que el llamado comité democrático de los trabajadores anunció que irá de escuela en escuela informando a los profesores sobre este proceso y lo que considera política oculta orientada al despido masivo. Además, ha comenzado a recabar firmas para promover un amparo en contra de dichas modificaciones.
Al respecto, Moisés Armenta insistió en que “algunos abogados y despachos jurídicos los azuzan para emprender demandas de amparo, con el pretexto de que está en riesgo su fuente de trabajo si no aprueban el proceso de evaluación universal, que a partir del próximo año se tiene planeado iniciar”.
De acuerdo con la versión del SNTE, “se trata de una mentira con la que algunos falsos líderes pretenden obtener provecho político y los abogados que pretenden una vez más, como ha sucedido con el caso de la prima de antigüedad, hacer un negocio exigiendo cuotas económicas a los maestros para la tramitación de dicho amparo”.
Es que refirió que ya se han presentado quejas ante el SNTE que acusan a abogados y despachos jurídicos de pedir entre 100 y 200 pesos por cada maestro que quiera iniciar su demanda en contra de la evaluación universal, cuando ésta aún ni siquiera se ha puesto en práctica y, lo que es peor, se trata de un procedimiento jurídico que ante las instancias legales no tiene ningún costo.
