La representante de capacitación de la Fepade de la PGR, Patricia Vázquez Orozco, quien encabezó el curso impartido este fin de semana a directivos de instituciones de educación, explicó que la población puede denunciar actos que considerara pudieran ser delitos electorales, a través de Internet, ya sea por correo electrónico o elementos detectados a través de las redes sociales.

Especificó que por estas vías la ciudadanía podría acusar si encontró irregularidades, como por ejemplo que están obligando a los ciudadanos a votar por tal o cual candidato en determinado lugar, o que les estén recogiendo credenciales de elector o si hay actos de este tipo en dependencias, entre otros.

Aclaró que la fiscalía no puede regular lo que se publica en Internet pues no existe legislación al respecto, pero abundó que los elementos denunciados, son considerados como indicio suficiente y canal aceptable para denuncias ya sea anónimas o no. Además destacó que los funcionarios educativos federales, de incurrir en ilícitos podrían ser sancionados con penas que van de 1 a 9 años de prisión o de 200 a 400 días de multa.

De tal forma que si una persona a través de las redes sociales les hace la denuncia, la Fepade sigue las pistas e investiga, para determinar si hay o no delito que perseguir.

La especialista de la fiscalía comentó ante los directivos del sector educativo que este es un aspecto importante que se debe hacer del conocimiento de los jóvenes, que son el grupo que usa de forma primordial este canal de comunicación.

Abundó en que los videos, las fotografías se analizan y pueden ser pruebas contundentes en los procesos, “es el medio para que nos llegue la noticia criminosa (sick), digámoslo así”. “Es el medio por el que nosotros nos enteramos de qué es lo que está pasando que atenta contra los derechos político electorales de los ciudadanos o contra la función pública electoral, lo que hacen los funcionarios también, si nos hacen llegar esos elementos, nosotros los indagamos, incluso correos como denuncias anónimas, que ya son puerta de entrada para que iniciemos la investigación”.

Puso como ejemplo que si los funcionarios federales usan su tiempo laboral para hacer comentarios por redes sociales para favorecer a un candidato o un partido, puede ser delito, si el funcionario lo hace fuera de su horario de trabajo, entonces está en todo su derecho de hacer uso de su derecho de expresión en su muro, en su página, “siempre que sea personal, o fuera de actividades oficiales".

De igual forma recordó, ante las dudas de los profesionales de la educación, que se han hecho llamados a los partidos a evitar la llamada “guerra sucia”, pero destacó que este aspecto no es de competencia de la fiscalía al no estar considerado en el código federal, por lo que aspectos de otros tipo tendrían que formularse ante el Consejo electoral.

La fiscal dejó en claro ante los directivos de educación que son funcionarios públicos y que el desconocimiento de la ley no los exime de alguna responsabilidad en caso de cometer algún ilícito, por el que podrían ser sancionados hasta con multas, o cárcel de 1 a 9 años.