En el documento que ayer se aprobó, los legisladores han solicitado conformar una comisión de afectados para que sostengan pláticas con funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con el propósito de resarcir en algo el daño que les fue provocado por los empresarios.

Y es que según los afectados, en Puebla el gobierno del estado ya intervino y por lo pronto creó un fideicomiso para indemnizar a las víctimas y se pretende que las familias morelenses pueda acceder al fideicomiso.

El punto de acuerdo fue propuesto por el presidente de la Mesa Directiva, Othón Sánchez Vela, quien dijo que la empresa Sociedad Inmobilaria Luroti, recibió dinero para entregar casas a más de 300 familias morelenses, pero tras recibir grandes sumas de dinero cerró sus oficinas en la entidad.

El diputado mencionó que en Puebla el gobierno del estado incautó cerca de 900 casas, propiedad de esta empresa, que serán vendidas para liquidar a los afectados, sin embargo insistió que se tienen que hacer los trámites para que las familias morelenses puedan obtener dinero de estos remates.

Aclaró que el fraude se llevó a cabo en varios estados de la república, sin embargo dijo que es en Puebla donde se encuentran las casas que pertenecen a esta empresa.

“Tenemos que hacer el procedimiento que la ley marca, para que las personas defraudadas en Morelos puedan entrar al fideicomiso que se ha creado en Puebla”, dijo.

Finalmente en el punto de acuerdo los legisladores solicitan a la PGJE que investigue si esta empresa o sus socios tienen propiedades en Morelos, para que sean embargadas y sirvan para pagar parte del dinero que perdieron los defraudados.