El presidente municipal, Rogelio Sánchez Gatica, explicó que la determinación obedece a las manifestaciones hechas por diversos regidores en la sesión del pasado 10 de julio, en el sentido de que varios servidores públicos deberían ser destituidos del cargo, razón por la cual, se ordenó a la contraloría municipal se inicie el procedimiento para determinar si del análisis de su comportamiento se desprende alguna sanción, entre ellas la destitución.

De esta manera aclaró que el artículo 47 de la misma normatividad, establece la posibilidad de que el servidor público sea separado del cargo de manera provisional, hasta en tanto se resuelva la situación definitiva.

Asimismo, el alcalde se reservó el nombre de los funcionarios que serán sometidos a dicho procedimiento administrativo.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones vertidas por la regidora independiente, Vera Sisniega Aspe se trata de la contralora municipal, Araceli González Verazaluce; la ex encargada de despacho de la tesorería municipal y actual coordinadora de finanzas, Alma Graciela Domínguez Torres y el secretario de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Rafael Eduardo Rubio Quintero.

El objetivo señaló, es que se castigue a quienes hayan incurrido en presuntas disposiciones indebidas de recursos sobre un crédito de 300 millones que solicitó el ayuntamiento con Bancomer, así como con la malversación de recursos de un préstamo por 53 millones que adquirió el ayuntamiento con la empresa PADIMEX.

Sánchez Gatica destacó que lo anterior es con independencia a las denuncias penales (una firmada y ratificada por el presidente municipal y otra firmada y ratificada por el síndico municipal) que se presentaron ante el Ministerio Público del Fuero Común por la transferencia indebida de fondos bancarios.

Cabe destacar que, aunado a lo anterior, regidores de oposición piden la destitución del encargado de despacho de la secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Saucedo Perdomo.