Sin embargo, al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el auditor confirmó que la mayoría de las auditorías ya prescribieron, y sus resultados quedaron sin efectos para castigar a los servidores públicos responsables de la mala aplicación del presupuesto.

González Velázquez dio a conocer a los legisladores locales que existen auditorías con un atraso hasta de 27 meses, cuando la ley de Fiscalización da 15 meses al órgano auditor para realizar las revisiones administrativas y contables a las instituciones estatales y municipales.

En la comparecencia, se confirmó por primera vez que no sólo los ayuntamientos registran graves irregularidades en la aplicación de los recursos, sino que también en la administración pública estatal se ejerció de manera irregular el presupuesto y existen autoridades responsables de las anomalías, señaladas en las observaciones que hizo la ASF, pero ya fuera de tiempo.

“En el caso de Cuernavaca, de Jiutepec, de Temixco y de Cuautla tienen un atraso de 27 meses para el tema de las auditorías… estamos esperando dicha información para a su vez encontrar una alternativa para que se pueda sancionar y si no es el caso, cuando menos tener de manera clara y dar a conocer cuáles son los municipios que ya prescribieron las cuentas públicas y auditorías que ya prescribieron”, detalló el diputado local, José Manuel Agüero Tovar.

No obstante, el auditor superior de Fiscalización se deslindó de este problema y responsabilizó a su antecesor de este rezago, pero tampoco presentó información actualizada a los diputados y se comprometió a hacerlo en los siguientes días.

Por lo anterior, el legislador priista, Agüero Tovar confió en que pronto tengan la información necesaria respecto a los ayuntamientos endeudados, las auditorías a las cuentas públicas y de la deuda pública del gobierno estatal.

Hoy, Luis Manuel González Velázquez tendrá otra reunión con integrantes de la Junta Política y de Gobierno, a fin de entregar información pendiente pero también para iniciar las mesas de trabajo con la Procuraduría General de Justicia, a fin de que las denuncias presentadas por daño al erario público tengan un efecto y se castigue a los responsables.