El funcionario dijo que la Procuraduría en Defensa de los Trabajadores, está abierta a cualquier queja de incumplimiento para ofrecer la asesoría necesaria en la materia a quien lo solicite, y en efecto, tienen hasta un año para iniciar cualquier controversia ante los tribunales laborales, pero desde ayer 16 de enero, pueden hacerlo.

Y destacó que si bien es cierto que la ley establece como fecha máxima el 15 de enero, sí es válido que las alcaldías imposibilitadas económicamente para pagar, recurran a convenios firmados y perfectamente autorizados por los propios trabajadores, “lo malo es que muchos presidentes municipales no utilizan los recursos de conciliación para evitarse problemas y suelen reaccionar ya cuando el agua les llega al cuello”.

Y agregó que “lo primero que tienen que hacer, es calcular de qué tamaño es el morral que traen, si resulta insuficiente para cubrir las prestaciones laborales, entonces hay que buscar otros canales, que son legales, mientras sean aceptados por los propios empleados y los líderes sindicales”.

Luego manifestó que “hay quienes han hecho un buen esfuerzo, finalmente los problemas presupuestales han concientizado a muchos alcaldes; sin embargo, sí se espera una buena cantidad de demandas laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) por desacato a la Ley del Servicio Civil, a la cual se acogen los empleados municipales y de gobierno”.

De Jesús Pérez recordó que la secretaría a su cargo, ofrece apoyo a través de la asesoría legal no sólo a los trabajadores, sino también a los ediles, porque al final lo que se desea es que se eviten los conflictos y las protestas que lleven a denuncias, que a mediano y largo plazo, han resultado ser muy costosas para las comunas. “Lo mejor es arreglarse en la mesa, antes de llegar a los tribunales”.