Durante su intervención, la legisladora local exigió a la presidencia de la Mesa Directiva se iniciara una investigación, para saber quién o quiénes proporcionaron información personal de los diputados, a fin de presionarlos en redes sociales y correos electrónicos para pronunciarse a favor del dictamen en la sesión ordinaria del miércoles pasado.
"El hecho de que no exista una legislación que sancione a quienes utilizan el internet para estos fines, no implica que atrás de estos ataques haya algún autor o autores intelectuales que pudieran ser investigados y de comprobarse su autoría, ser sancionados conforme a la legislación penal", así lo dio a conocer públicamente en la máxima tribuna del Poder Legislativo.
Y agregó: "resulta preocupante que dependencias de este Congreso que tienen información privada de cada uno de nosotros, la proporcionen a quienes buscan desprestigiarnos por no prestarnos a cumplir caprichos personales".
Por lo anterior, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, que se investigue para encontrar a los responsables de la filtración de información y castigarlos.
Marín Méndez dijo que resulta bastante raro el interés que algunos diputados tuvieron para aprobar la reforma en mención, sin afectar a otros espectáculos más que los circenses. Más aún, señaló las presiones ejercidas a los diputados locales.
"Reiterando mi enérgico rechazo a los chantajes de los que hemos sido objetos por las redes sociales y mediante correos electrónicos, para votar en el sentido que desean quienes desde el anonimato, al parecer, defienden intereses obscuros".
Durante varias semanas, trascendió información en el Congreso de que los diputados locales no sólo fueron víctimas de hostigamiento vía redes sociales, sino también por llamadas telefónicas de empresarios y representantes de organizaciones sociales internacionales en torno a la aprobación de la reforma para prohibir el uso de animales en los espectáculos circenses, promovida principalmente por el diputado perredista Jordi Messseguer Gally, cuya pareja sentimental participa en una organización que tiene como único objetivo promover lo que llaman "circo sin animales".
La reforma, finalmente aprobada el miércoles, es inconstitucional porque viola el principio de generalidad y presenta otras fallas graves que la harán inaplicable, según han señalado diversos abogados, incluido el diputado local Carlos de la Rosa Segura, quien señaló en la tribuna legislativa las inconsistencias.