Mediante una reforma constitucional, la tarde de ayer, en sesión ordinaria, el Congreso del Estado determinó la desaparición de los ministerios públicos para dar paso a una fiscalía, que a su vez logra la armonización de la legislación local con la federal para la aplicación del Sistema de Justicia Penal Adversarial.
La aprobación de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo desde julio del año pasado, se dio con el consenso de todas las fuerzas políticas al interior del Congreso local. Sin embargo, la discusión en tribuna se centró en sí con las modificaciones legales que se lograron habrá resultados inmediatos.
El mismo diputado del PRD, Carlos de la Rosa Segura, afirmó que como Poder Legislativo se "quedaron cortos" en una reforma que requería un cambio de fondo, y se refirió entonces a la autonomía financiera.
"Hoy lamentablemente la dejamos sin recursos (a la fiscalía), la dejamos con un simple cambio de nomenclatura, con una estructura nueva sí, pero no con todos los insumos que requiere (...). Si no hay recursos no podemos exigir resultados", aseveró el legislador.
Dijo que pese a tener conocimiento de las necesidades de la hoy Fiscalía General del Estado, los diputados locales se negaron a trabajar en una reforma que garantizara a esta institución una autonomía constitucional.
De la Rosa Segura aseveró que no es suficiente garantizar un presupuesto no menor al ejercido en el presente año, pues recordó que el actual presupuesto es de aproximadamente 400 millones de pesos, cuando las necesidades actuales de la dependencia ascienden a más de 600 millones.
Por su parte, el diputado panista, Javier Bolaños Aguilar, afirmó que es el primer paso para lograr el cambio que requiere la fiscalía, de ahí que confió en que con estas reformas aprobadas por los diputados, el Poder Ejecutivo pueda registrar un avance en la materia.
Por su parte, el diputado priista, Manuel Agüero Tovar, justificó la determinación de la mayoría de los legisladores al señalar que dotar de autonomía constitucional a la nueva fiscalía, sería como darle un "suprapoder" a la nueva dependencia que tampoco garantizaría resultados y mucho menos transparencia.
Es que en tribuna, el legislador local refirió que se detectó un subejercicio cercano a los 40 millones de pesos provenientes de la federación, y que fueron etiquetados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el año pasado, situación que no ha podido justificar el actual titular, Rodrigo Dorantes, por lo que insistió en que una autonomía financiera sería contraproducente.
Por lo anterior, coincidió en que con la reforma que se aprobó se garantiza un avance en la materia, y se dijo confiado en que pronto se avanzará en la creación de una Ley Orgánica de la fiscalía que garantice un cambio de fondo en la estructura de la procuración de justicia.

Rodrigo Dorantes, primer fiscal de Morelos

Con la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, automáticamente Rodrigo Dorantes Salgado asume la titularidad y se convierte en el primer fiscal.
Lo anterior, debido a que en la reforma constitucional aprobada, se determinó que a cargo de la nueva dependencia se designaría al actual procurador, en tanto, el titular del Poder Ejecutivo enviara una nueva propuesta al Legislativo.
Al respecto, el diputado Carlos de la Rosa Segura, dijo que el Poder Ejecutivo tendrá que asumir esta responsabilidad, pues a su parecer debió haberse realizado una evaluación al trabajo de Dorantes Salgado antes de determinar su designación como fiscal.
Refirió que fue la determinación del Gobierno del Estado mantener en el cargo al procurador y por tal, dijo que deberá darse un voto de confianza sobre el trabajo que habrá de desempeñar.