Lo anterior, mediante una iniciativa de reforma a la ley en mención, que busca establecer un monto económico como pago por la labor que los integrantes de la Comisión Ejecutiva realizarán. Dicha propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso local, desde diciembre del año pasado. Incluso, se ha dicho que es por esta iniciativa que se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, que no ha empezado a operar la comisión antes mencionada, pese a que 30 millones de pesos se encuentran "congelados" por la inaplicación de la Ley Estatal de Atención a Víctimas.

La Comisión Ejecutiva de la Ley de Atención a Víctimas, estaría integrada, según el artículo 103 de la misma norma, por: I.- Tres comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta ley, propuestos por las universidades públicas del estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; y II.- Dos comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas, de al menos cinco años.

Al respecto, el diputado priista, Matías Nazario Morales, quien preside la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, consideró que es necesario revisar dicha iniciativa, incluso aprobarla, pues a su parecer, la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas es un trabajo que debe retribuirse.

"Coincido y creo que es sano que reciban una compensación, porque al final de cuentas lo que se necesita es tener un personal que cuente con herramientas para que puedan entregar todo su tiempo (...). Si tú vas a pedir a la procuraduría que se les atienda en el tema psicológico, no se puede porque no hay psicólogos; si acudes a pedir la reparación de un daño, no hay quién cuantifique los montos, entonces está muy acéfalo ese tema", agregó.

Informó que esta semana presentará un dictamen sobre la iniciativa de reforma, a fin de someterla a votación del pleno legislativo para que de esta forma entre en operación la ley multicitada, que entró en vigor el 18 de julio del año pasado.