El secretario municipal de la comuna Javier Betancourt Reyes, informó que el cabildo tiene 72 horas para cumplir con el pago del laudo condenatorio, o bien la parte demandante podría proceder a solicitar la destitución de los integrantes del cuerpo colegiado. “Sin embargo, estamos buscando una solución, se pretende llegar a un acuerdo con los demandantes, no se cuenta con el recurso pero incluso se podría pedir que se haga el pago en parcialidades para evitar que el proceso continúe, ya que si bien están en su legítimo derecho de exigir sus pagos, y tenemos la disposición de cumplir con él, pero no se cuenta con el recurso para ello”, dijo.
Informó que la controversia laboral que está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), de cuatro ex trabajadores: María Inocencia Morales Valencia, José Iván Cuevas, Fernando Hernández Ruiz y Evaristo Cuevas Jaimes, demanda colectiva que asciende a 800 mil pesos a pagar en las próximas 72 horas.
De esta manera, en caso de no llegar a acuerdos con la representación legal de los demandantes, el cabildo estaría incumpliendo en el procedimiento, por lo que serían destituidos el presidente municipal Abdón Toledo Hernández, el síndico Mauricio López Salgado y los regidores Felipe Salgado Román, Dominga Valle Plasencia, Eliza Karen Popoca Hernández, Evaristo Salgado de la Paz, Maritza Alondra Marbán Álvarez, Norma Miriam Peralta Abarca y Gabriel Salazar Enríquez.
De esta manera, trascendió que por el momento los integrantes del cabildo estarán sesionando en sedes que se declaren alternas, para evitar ser arrestados e incluso se podría proceder a la solicitud de un amparo para evitar este procedimiento, ya que aseguraron el incumplimiento se debe a la difícil situación financiera de la comuna, puesto que no se cuenta con recursos suficientes para hacer frente al laudo ejecutorio.
Por su parte, la regidora de Bienestar Social Alondra Marbán Álvarez, señaló que este viernes fueron informados sobre esta notificación de la orden de arresto por consecuencia de una demanda laboral, sin embargo, reiteró que la situación financiera es complicada, ya que incluso han hecho frente a laudos de más de un millón y hasta cuatro millones de pesos que se han pagado, pero en base a acuerdos pactados con los demandantes, “hoy nuevamente buscamos llegar a acuerdos con el demandante, a fin de evitar dicho arresto administrativo y después la destitución como ocurrió con el municipio de Emiliano Zapata”.