Integrados en lo que llamaron un "movimiento de resistencia civil", convocaron al resto de los 42 mil dueños de vehículos que no renovaron sus placas a ampararse de manera colectiva y con esto evitar ser detenidos por elementos de tránsito y enviados al corralón.

"El decreto que se emitió el año pasado, en el que se acordó el programa para Circular Seguro tenía la promesa de dotar de mayores elementos de seguridad y tecnología y no se ha hecho. Segundo, las 42 mil familias que no reemplacaron son de la clase más desprotegida, como comerciantes que utilizan su vehículo como un medio de trabajo y temen que al ser detenidos, se lleven hasta lo que venden", aseveró Julián Cantú Kim, empresario en el estado.

Dijo que bajo estos argumentos, buscarán la protección de la justicia federal contra las medidas impositivas del Poder Ejecutivo, a fin de obligar a pagar por nuevas placas, cuando no debería ser una obligación de la ciudadanía.

En este sentido, dio a conocer que se cuenta con abogados que ofrecerán asesoría gratuita a cualquier ciudadano que así lo desee, para que se promuevan juicios de amparo de manera colectiva.

"Morelos tiene un estado fallido donde la delincuencia no permite a nadie trabajar a gusto y tener un ingreso digno, por lo que mucha gente no ha podido reemplacar en el estado y no han podido, no porque no hayan querido, sino porque los recursos no son suficientes gracias a tanto caos delincuencial en Morelos", declaró Eduardo Maigre, también empresario.

Hasta ayer, cerca de 300 solicitudes de ciudadanos se habían sumado al llamado de este grupo social, el cual, según sus integrantes, se creó sin ningún interés de lucro o político.