Sin embargo, adelantaron que sería un "gran error" de parte de las autoridades estatales tomar represalias en su contra, por su derecho a inconformarse por la regularización del "pirataje" y el problema que enfrenta el estado en materia de seguridad.

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), reconoció que una de las facultades del gobierno del estado es la cancelación de concesiones a personas que fueron beneficiadas, pero recordó que la Ley de Transporte señala claramente las causas, como el mal uso de estos títulos.

"No creemos que eso pueda suceder. Nosotros sólo hemos hecho uso de nuestro derechos y seguiremos denunciando, pues una cosa no tendría que ver con la otra", declaró el líder transportista.

Insistió en que no cesarán en las acciones legales emprendidas por el tema de la regularización del "pirataje", pues afirmó que se trata de un acto de corrupción en el que se han involucrado altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, e incluso de algunos ayuntamientos.

"Esto empezó desde abajo y llegó a niveles muy altos y nosotros hemos presentado pruebas al respecto", dijo Rivera Jaimes.

Además, aseguró que tampoco dejarán de participar en la marcha por la seguridad en el estado que fue convocada para el 1 de abril próximo, pese a los actos de presión de los que pudieran ser víctimas.

"Hemos dicho que lo hacemos porque hemos sido víctimas de algún delito y no por otros asuntos, así que hasta el momento seguimos confirmados a la movilización", agregó.