En diciembre de 2011 entró en vigor la reforma a los artículos ocho, nueve y 10 de esta ley, cuyo objetivo fue elevar los apoyos económicos y ampliar los beneficios hasta los nietos de los ex combatientes zapatistas.

La pensión vitalicia pasó de 500 pesos mensuales a un tope no menor de 30 salarios mínimos diarios vigentes en la entidad (que actualmente equivale a mil 913 pesos), el derecho al servicio médico gratuito en los hospitales públicos de las viudas o concubinas y hasta los descendientes de segunda generación; la prima por seguro de vida se incrementó de 10 mil a 30 mil pesos y en caso del fallecimiento de un veterano revolucionario, el apoyo gubernamental para gastos funerarios pasó de dos mil a 12 mil pesos.

Sin embargo, las familias de descendientes zapatistas reclamaron a los diputados y al gobernador que desde el 2012, no reciben la pensión vitalicia estipulada en la ley por dos razones: la primera, porque no fue etiquetado presupuesto y la segunda, porque a pesar de la insistencia para la disposición de recursos, ambos Poderes del estado han sido omisos en el cumplimiento de la ley.

Édgar Castro Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata, acudió con un grupo de descendientes zapatistas a la sede del Poder Legislativo para exigir el cumplimiento de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas para Veteranos Revolucionarios, y que se pague de manera retroactiva la pensión vitalicia y los beneficios a los que tienen derecho cerca de 310 familias.

Indicó que los beneficiarios realizaron todos los trámites ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, pero hasta ahora los apoyos no se han materializado.

“Ya se cubrieron todos los procedimientos posibles para la obtención de los beneficios, de pensiones, seguro de vida, pago de marcha, pero lo que queremos hoy en el Congreso es que haya un resolutivo ante el Ejecutivo porque las familias zapatistas, lo que nos comentan y reclaman es que ya no quieren homenajes oficialistas del 10 de abril, ya quieren hechos”, dijo.

Destacó que muchas familias de ex combatientes viven en la pobreza y no tienen ni un pedazo de tierra, pero en cada fecha conmemorativa son llamadas a escuchar discursos oficialistas que contrastan con la realidad. “Ya no queremos discursos oficialistas, ni queremos homenajes con discursos huecos, lo que quieren y exigen las familias morelenses con origen zapatista, es el cumplimiento de una ley. Estamos con la ley en la mano, hace 100 años estábamos con el rifle en la mano de defender los derechos sociales, ahora ya no es con el rifle, ya son con las leyes y necesitan los representados que son zapatistas, hijos y nietos de los veteranos están exigiendo una ley que ellos no tenían contemplado, surgió del Congreso local hasta la fecha”, afirmó.

De acuerdo con la Ley de Egresos de del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio 2014, sólo fueron etiquetados recursos por 495 mil pesos para la operación del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur y 525 mil pesos para tatas, nanas, veteranos y viudas de la Revolución.

De puerta en puerta

Alejandro Alcocer Portillo, hijo del capitán primero de Caballería del ELS y uno de los beneficiarios de la ley, narró que desde el primero de julio de 2013 ingresó su solicitud para acceder a los apoyos ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes  Revolucionarios, a cargo de José Luis Jaime Reyna.

Detalló que ante la ausencia de recursos, Jaime Reyna “me dice, ‘ahora sí que ni modo que te pague de mi bolsa, si los diputados y la Secretaría de Hacienda no han aprobado nada de presupuesto, pues yo qué puedo hacer’, y el señor tiene razón”.

Explicó que desde hace meses viaja de Jojutla a Cuernavaca para hacer las gestiones necesarias para acceder a los beneficios, estímulos y recompensas para veteranos revolucionarios, pero hasta ahora todo ha sido en vano.

Contó que ante su insistencia, el presidente del Congreso, Juan Ángel Flores, emitió un exhorto el 5 de septiembre de 2013 al titular del Poder Ejecutivo, para prever presupuesto para el pago de apoyo a los descendientes de los ex combatientes zapatistas.

Alcocer Portillo recordó que él mismo entregó el documento en la oficina del gobernador, a la cual acudió varias veces para solicitar una audiencia con el mandatario estatal para exponerle la situación, pero ese derecho le fue negado y lo único que logró es que los elementos de seguridad lo sacaran del lugar.

“Es muy fácil tirarle al techo del vecino cuando se es oposición y cuando estás en el gobierno, ¿qué pasa? Eres lo mismo que los demás (…). Con el problema de no pago de pensiones, decirle a Graco, a Messeguer y al mismo Juan Ángel: señores, los veteranos no estamos politizando ni estamos peleando nada que no nos corresponda, por favor aplíquenos la ley, nada más, es lo único que queremos”, dijo.

Señaló que la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas para Veteranos Revolucionarios, es de observancia obligatoria y el gobierno del estado, al no cumplir con el ordenamiento, incurre en una grave omisión que puede derivar en responsabilidad.

Además, recalcó, “nosotros no tenemos que mendigar nada, sólo estamos reclamando el cumplimiento de la ley”.