Dijo que pese a que según los tiempos legales el Poder Legislativo está obligado a responder en 30 días después de haberse presentado la solicitud, la conclusión del periodo ordinario el 15 de julio pasado obligó a posponer el análisis del caso.

No obstante, en la primera reunión de la Junta Política y de Gobierno los coordinadores parlamentarios deberán analizar la procedencia de dicha solicitud de juicio en contra de su homólogo del Partido del Trabajo, Alfonso Miranda Gallegos.

"Es competencia de la junta revisar si es procedente o no. De ser a favor, entonces se iniciará el proceso de juicio ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que una vez revisados los argumentos de la Fiscalía, se determine si se desafuera o no al diputado", explicó.

El todavía presidente de la Mesa Directiva del Congreso local insistió en que este Poder del estado no protegerá a nadie que haya violado la ley, aún cuando se trata de un integrante del Poder Legislativo.

En cuanto a que Alfonso Miranda pertenece a la Junta Política y de Gobierno, por ser coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, refirió que será decisión del resto de los líderes parlamentarios si se le pide se abstenga de conocer el caso, en tanto es analizado en el Congreso local.