Mediante una iniciativa de reforma al artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, presentada ante el Poder Legislativo, los cabildos de Temixco y Tlaquiltenango iniciaron esta lucha que se había acordado en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm).

Ayer, en sesión, la Diputación Permanente les dio entrada a ambas propuestas, impulsadas por los integrantes de los cabildos municipales, en las que se afirma la necesidad de que como autoridades representantes de los ayuntamientos, obtengan nuevamente esta protección legal para garantizar gobernabilidad en sus municipios.

"...en fechas recientes, los miembros de los ayuntamientos son constantemente atacados jurídicamente con órdenes de destitución, la mayoría de ellas por falta de cumplimiento de pago de laudos o resoluciones administrativas, siendo esta situación no atribuible a las actuales administraciones municipales, sino son constitutivas de administraciones anteriores, quienes heredaron dichos pasivos", refiere la exposición de motivos de la iniciativa del cabildo de Tlaquiltenango.

Por consiguiente, las dos propuestas buscan que nuevamente una autoridad municipal sea sometida a un juicio del orden penal y por un delito del fuero común o federal, solamente mediante un juicio de procedencia que determinará el Congreso del estado.

Actualmente, la Constitución local, en su artículo 136, sólo incluye que se someterá a juicio de procedencia para delitos del fuero federal, lo que deja desprotegidas para delitos del orden común a las autoridades municipales que perdieron su fuero desde el año 2012, mediante una propuesta que impulsó entonces el Partido Acción Nacional (PAN).

El primero en hacer valer su facultad de iniciar propuestas ante el Congreso local fue el Ayuntamiento de Temixco, ya que presentó la iniciativa el pasado 16 de julio y el pasado 13 de agosto lo hizo, por su cuenta, el gobierno de Tlaquiltenango.

Las dos iniciativas fueron turnadas a comisiones y podrían ser revisadas junto con la propuesta del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, quien busca dar esta protección constitucional a los integrantes de los cabildos sólo para asuntos administrativos, pero que quedó pendiente desde el pasado periodo ordinario de sesiones.