Finalmente, el día de la tan citada comparecencia llegó. Acompañado de sus guaruras y personal de la Fiscalía General del estado, Rodrigo Dorantes Salgado se presentó ante el salón de Plenos del Congreso local y rindió su primer informe semestral sobre los avances de la dependencia a su cargo en incidencia delictiva.

Sin embargo, este ejercicio que tenía como finalidad darle una respuesta a la ciudadanía de lo que ocurre en el estado en materia de seguridad pública, sirvió más para desahogar enojos por asuntos personales con el fiscal general del estado.

Diputados locales más que cuestionar a Rodrigo Dorantes Salgado por los avances de la dependencia a su cargo en favor de una mejor procuración de justicia, le reclamaron por las denuncias que existen en contra de algunos de ellos, como es el caso del petista Alfonso Miranda Gallegos, quien recibió una cátedra sobre derecho penal de parte del fiscal, al hablar sobre la figura del perdón, que se le otorgó en la resolución de una de las averiguaciones previas en su contra, por la detención de un camión de carga con supuesto reporte de robo.

Y, en medio de los reclamos por este asunto, el diputado también reconoció otras denuncias que existen en su contra y que el fiscal dijo que no podían revelarse en público por la secrecía  de la investigación, "pero si así lo quiere lo hacemos", dijo el funcionario.

Lo que sí aseguró el fiscal, ante señalamientos del diputado por la seguridad personal con la que cuenta, es que no utiliza su poder para delinquir como otros funcionarios, sin dar nombres.

Dorantes Salgado explicó el ejercicio, el proceso que llevan las investigaciones en las averiguaciones en contra del Alfonso Miranda Gallegos, pero también en el caso de la panista Amelia Marín Méndez, quien también aprovechó la comparecencia y la tribuna para cuestionarle al funcionario por la falta de resultados en la denuncia que presentó por acoso en contra del ex alcalde de Zacatepec, Gustavo Rebolledo Hernández y de la cual fue absuelto.

Otros de los diputados que también utilizaron el momento para reclamar al funcionario por no atenderlos cuando se les busca, fueron el priísta Isaac Pimentel Rivas, quien dijo que no se atendió una denuncia de abigeato en el municipio de Ayala, así como el perredista Arturo Flores Solorio, quien ventiló que un amigo le pidió el favor de atender un asunto en el municipio de Jiutepec y tampoco tuvo respuesta.

Esta no es la primera vez que los legisladores utilizan estos espacios de cercanía con los integrantes del gabinete de seguridad para atender asuntos personales, pues el antecedente  más reciente fue la comparecencia de la ex secretaria de Seguridad, Alicia Vázquez Luna, el año pasado, que también se llevó a cabo en el pleno del Congreso.

Contradicción de cifras sobre el delito y deslinde de responsabilidades

El momento y espacio sirvió también para que el fiscal general del estado reiterara avances en la materia de manera "gradual", sin reconocer su responsabilidad por la falta de solución en averiguaciones previas en delitos como el feminicidio y secuestro.

Es que, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el de Acción Nacional (PAN) contradijeron al fiscal en las cifras de delitos de alto impacto.

En representación de la bancada del PAN, la diputada Amelia Marín Méndez sostuvo que Morelos se encuentra dentro de las entidades del país con mayor número de secuestros y otro tipo de delitos. "Hoy, cuando están a punto de cumplirse dos años de este gobierno las cosas están peor, no es una apreciación personal, sino cifras oficiales".

Dio a conocer cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reportó que de enero a agosto del 2014 se han cometido 88 secuestros en la entidad, que sumados a los 150 del año anterior dan cuenta que en dos años del gobierno de Graco Ramírez se han cometido en total 238 secuestros, contra 199 que ocurrieron en los seis años del gobierno panista anterior.

Y cuestionó en este sentido ¿por qué no pueden contra el secuestro? A pesar de presumir sobre la capacitación que recibió la unidad Especializada en Combate al Secuestro.

Cuestionó la falta de resultados en el combate y persecución de este delito, a pesar de que la Fiscalía General cuenta con una nueva y recién capacitada Unidad Especializada de Combate al Secuestro "con casi cien empleados, capacidad de primer mundo y nuevas instalaciones equipadas con la más alta tecnología. Entonces la pregunta es ¿por qué no pueden contra el secuestro?".

"En Morelos las extorsiones, robos al transporte público, a casa habitación, el trafico de drogas, el robo de llantas y otros delitos, son característica de la vida diaria de los morelenses, pero el gobierno, su gobernador y el secretario de Gobierno dicen que todo está bien", agregó.

Por su parte, el diputado priísta Matías Nazario Morales afirmó que el estado ocupa el quinto lugar en homicidios, el primero en secuestros y en extorsiones, según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

"Se mantiene en un estado de negación y que tercamente pretende sostener la ilusión de un gobierno eficaz a costa de la sangre, el patrimonio y la vida de los morelenses".

Frente a la exposición de datos por parte de diputados, el fiscal respondió que no se trata de una guerra de cifras, pero sostuvo que en los dos primeros años del nuevo gobierno efectivamente las cifras oficiales han registrado más casos de secuestro, lo que ha situado a Morelos en segundo lugar a nivel nacional en incidencia de este delito.

Sin embargo, dijo que no porque se haya repuntado este delito, sino porque la gente tiene confianza en la dependencia para denunciar.

E informó que de octubre del 2012 a agosto del 2014, se detuvo a 331 secuestradores que formaban parte de 95 células delictivas, algunas de ellas vinculadas a estructuras de la delincuencia organizada.
Además en el informe presentado al Congreso, apuntó que en los primeros 7 meses del 2014 se detuvo a 105 presuntos secuestradores de 28 bandas delictivas; se obtuvieron 37 órdenes de aprehensión contra 76 imputados por secuestro; y se han obtenido 18 sentencias condenatorias en contra de 45 secuestradores.

En cuanto a las extorsiones, sostuvo que durante los primeros ocho meses de este año se detuvo a 39 presuntos extorsionadores, se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión en contra de otros 13, mientras que 14 detenidos fueron vinculados a proceso y se obtuvieron seis sentencias condenatorias por este delito

Dorantes Salgado expuso que a lo largo de este año se disminuyó en más del 50 por ciento la incidencia del delito de feminicidio en la entidad. Que se logró obtener 21 sentencias condenatorias, de las cuales en 3 de ellas se condenó al imputado con la pena máxima de 70 años, razones por las que no se ha considerado necesario la emisión de una alerta de género.

Al ser cuestionado sobre casos de tortura, dijo que las denuncias llevan su investigación correspondiente.

Finalmente, el diputado del PRI, Isaac Pimentel Rivas, afirmó en tribuna que el informe presentado por el fiscal Dorantes Salgado, como las respuestas dadas a los diputados, no los dejaron satisfechos, pues finalmente no se tuvo un compromiso por parte del funcionario para dar resultados a corto plazo.

De la misma forma, el perredista Carlos de la Rosa Segura dijo que pese a las pocas preguntas que se hicieron en torno a lo que interesa a la sociedad, existe confianza en que la Fiscalía del estado cumpla con compromisos como la mejora en la estructura de la Dependencia y las condiciones laborales del personal, además de la contratación de más trabajadores.