Las representantes de las agrupaciones afirmaron que se rompió la orden del día de esa sesión que ya había sido aprobada, debido a que “los diputados del PRI, encabezados por Jorge Arizmendi, condicionaron y negaron la participación de una representante de la sociedad civil en la tribuna; la condición era –señalaron- que hablara la presidenta del DIF estatal, no obstante que no habría participado en los foros.
Sostuvieron que “en un acto fanático e irrespetuoso, un grupo de personas identificadas con la derecha; en su mayoría adolescentes, irrumpieron a la sesión con carteles y consignas en contra del aborto, provocando el desconcierto entre las y los presentes, obstaculizando el inicio de la sesión y ofendiendo a quienes no coincidían con su postura”.
En su pronunciamiento, las organizaciones aseveraron que previo a la sesión, la diputada panista Dulce María Huicochea Alonso repartió a los diputados y diputadas presentes, fetos de plástico y un poema; “esto con la intención de convencerles de que un feto de 12 semanas es un ser humano y bajo ninguna circunstancia debe permitirse la interrupción del embarazo (ni siquiera en casos de violación). Este acto deja en claro que la derecha carece de argumentos científicos, de derechos humanos y de derecho internacional a favor de las mujeres para defender su posicionamiento, por esta razón recurren a argumentos religiosos y representaciones fetistas”.
Asimismo, las agrupaciones señalaron que es lamentable que mil 200 mujeres del estado de Morelos trabajaron en el Parlamento en tres fechas distintas durante los foros regionales realizados en Amacuzac, Jantetelco y Cuernavaca y en las mesas de trabajo se recibieron propuestas en torno diversos temas, no sólo al derecho a decidir sino a la salud, acceso a la justicia, derechos humanos, medios de comunicación, pobreza, violencia y educación.
Del Parlamento surgieron demandas y propuestas concretas dirigidas a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como a los medios de información.
“Nos parece una falta de respeto total hacia las organizaciones y en general a las mujeres participantes, que el pasado 8 de marzo en el Congreso del Estado, entre gritos, malas negociaciones, manifestaciones intolerantes y discursos improvisados no haya habido tiempo para escuchar tales conclusiones, resultado de un trabajo serio por parte de las mujeres. Por lo tanto venimos a las puertas de este recinto a leer lo que se debió haber leído en tribuna”, expresó la vocera, quien habría sido la portavoz en esa sesión de la sociedad civil Andrea Acevedo.
Propuestas
Entre las propuestas que se consideran en el documento destacan las siguientes: en materia de justicia, señalaron, “capacitar obligatoriamente a funcionarios (as), de todos los niveles de gobierno, para que conozcan la legislación en la materia y apliquen las decisiones con equidad de género. La revisión integral al marco legal para armonizarlo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos; Que las denuncias de violencia y abuso a las mujeres, niñas y niños reciban atención prioritaria; Que se apruebe la Reforma al artículo 2° Constitucional y vuelvan a entrar en vigor las 5 causales de excepción para una interrupción legal de embarazo.
En lo que respecta a medios de comunicación, propusieron que el Instituto de la Mujer del estado y la Comisión de Equidad de Género del Congreso, realicen reuniones con “Directivos/as y propietarios/as de medios para tratar el tema del Derecho a Decidir y solicitarles ‘Códigos de ética’ así como que autoricen talleres a sus a reporteros/as para capacitación sobre temas tales como la importancia de periodistas y comunicadores/as en los temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos y Cómo comunicar los medios los temas de Salud Sexual y Reproductiva. Estrategias para comunicar mejor; evitar así la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación”.
En la mesa de violencia, destacaron algunas demandas, como “crear un protocolo de atención y acción para apoyar a mujeres que sufren violencia; instaurar mecanismos de vinculación intermunicipal e interestatal entre policías y procuradurías (especialmente para casos de violencia); Crear línea directa para denuncia de violencia familiar en virtud de ser ésta la que en nuestro estado se convierte en violencia feminicida”.
En cuanto a educación, consideraron entre las conclusiones de los foros, que es necesario que se vigile que no exista discriminación por embarazo en adolescente, que se cumpla que esta causa no sea motivo de expulsión o marginación dentro de las instituciones de educación; Que en los planes de estudio de preescolar a universidad se incluya el concepto de equidad de género; Educación sexual infantil y para adolescentes, con perspectiva de género, en todos los niveles educativos, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos.
En materia de salud cabe destacar las demandas de que se dé “información seguida a una agresión sexual, sobre Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y profilaxis de VIH; Incrementar el personal en Centros de Salud: psicólogas/os, nutriólogos/as, enfermeros/as y médicos/as generales; garantizar que toda mujer embarazada tenga acceso a servicios integrados de salud materna de alta calidad, incluyendo: educación comunicativa sobre maternidad sin riesgo, especialmente a los hombres; y despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación tal como existe en el Distrito Federal”.
En cuanto a Derechos Humanos, plantearon entre otros puntos, “que la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaje con imparcialidad y se acerque más a las personas y fortalecer la promoción y difusión de los derechos humanos.
Finalmente en la mesa de pobreza, señalaron entre las propuestas que se generen empleos de medio tiempo para las mujeres y personas de tercera edad; establecer programas compensativos para amas de casa, jornaleras, trabajadoras domésticas y otras que no cuentan con seguridad social; Aplicación de las políticas de atención a la pobreza con perspectiva de género, tanto en zonas rurales como urbanas; Desarrollar y aplicar políticas y programas ambientales con perspectiva de género, caso particular de los que tienen relación con el acceso y abasto de agua para uso doméstico y productivo.