El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Iguala, Guerrero, José Luis Díaz Milanesio, promovió un juicio de amparo en un juzgado del Decimoctavo Circuito Judicial, con sede en Cuernavaca, para evitar ser detenido.
Luego del ataque de policías contra estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 alumnos, ocurridos la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, una parte importante de los colaboradores y regidores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de ese municipio buscaron la protección de la justicia federal, ante las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), no sólo en torno a la búsqueda y localización de los normalistas, sino respecto a la complicidad de funcionarios locales con el crimen organizado.
De acuerdo con la lista en estrados del Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cuernavaca, fue admitida la demanda de amparo radicada en el expediente 80/2014, promovida por el funcionario igualteco José Luis Díaz Milanesio, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión por parte de las autoridades federales.
Al secretario de Obras Públicas del municipio de Iguala le fue concedida la suspensión provisional a cambio del depósito de una garantía económica de 30 mil pesos, la cual impediría –si es que hubiese un mandamiento judicial que ejecutar– que sea detenido o llevado a comparecer.
Y es que de acuerdo con diversos reportes de la prensa guerrerense, Díaz Milanesio era un cercano colaborador del edil con licencia de Iguala, José Luis Abarca, cuyo paradero hasta ahora se desconoce y quien también tramitó en un juzgado federal de la capital del país un juicio de amparo para evitar posible aprehensión, por su presunta responsabilidad en los ataques y desaparición de estudiantes normalistas.
Además, se sospecha de la vinculación del alcalde con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, en virtud de que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, es hermana y familiar de varios líderes e integrantes de esta organización delictiva, que en su momento tuvo presencia importante en el estado de Morelos.
Además del secretario de Obras, otros funcionarios y regidores igualtecos promovieron, hace un par de días, un amparo colectivo en la ciudad de México, ante la ejecución de cualquier posible orden de localización búsqueda, presentación, aprehensión o arraigo.